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Sociedad

Alcalde Renzo Reggiardo insiste con norma que busca cerrar el Centro de Lima para evitar manifestaciones

El alcalde de Lima solicitó al presidente José Jeri el cierre del Centro Histórico de Lima a manifestaciones, amparándose en una ordenanza municipal de 2023 que declara esta área como intangible.

Alcalde de Lima pide cierre del Centro Histórico tras manifestaciones el 15 de octubre
Alcalde de Lima pide cierre del Centro Histórico tras manifestaciones el 15 de octubre | Foto: composición LR

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ofreció una conferencia de prensa en la sede municipal para hacer un balance de los enfrentamientos registrados durante la marcha nacional del miércoles 15 de octubre, en la que murió Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, un joven de 32 años. Según informó la autoridad edil, las cámaras de seguridad de la Municipalidad captaron imágenes clave del momento del disparo.

Ante los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones —que dejaron también múltiples heridos entre manifestantes y efectivos policiales, además de daños materiales—, Reggiardo exhortó al presidente José Jeri a disponer el cierre del Centro Histórico de Lima a las manifestaciones políticas y sociales, amparándose en una ordenanza municipal de 2023 que declara esta zona como intangible.

“Aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se declara al Centro Histórico como zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública”, expresó. “Que disponga un operativo, un marco policial correspondiente para que se cierre el centro de la ciudad hasta que se retome el control", añadió.

Alcalde de Lima exige al Gobierno hacer cumplir restricción de marchas en el Centro Histórico

El alcalde de Lima recordó la ordenanza aprobada el 10 de febrero de 2023 por el Concejo Metropolitano de Lima, durante la gestión de Rafael López Aliaga, mediante la cual se declara al Centro Histórico de Lima como “zona intangible” para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas que puedan poner en riesgo la seguridad o la salud pública (Acuerdo N.º 026-2023-MML). En ese sentido, exhortó al presidente José Jeri a implementar los dispositivos legales y policiales necesarios para hacer cumplir esta disposición.

Norma legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Reggiardo precisó que el marco legal vigente sí permite la realización de actividades religiosas y culturales, siempre que cumplan con los parámetros establecidos por el municipio y el Ejecutivo, y que además busca proteger el comercio local que se ve afectado por los disturbios.

“Le pido que implemente este dispositivo, tiene el marco legal. Dé la orden al Ministerio del Interior para que no tengamos que lamentar más muertes”, manifestó el burgomaestre, en referencia a las nuevas movilizaciones convocadas para el jueves 16 de octubre por colectivos de la Generación Z, tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz en la Plaza Francia.

No se podría protestar en Centro de Lima

La norma no prohíbe el derecho a la protesta en toda la capital, pero restringe las manifestaciones dentro del perímetro del Centro Histórico, con el fin de proteger los inmuebles patrimoniales y garantizar la seguridad de las personas. En la práctica, esto implica que las marchas deben evitar zonas emblemáticas como la Plaza Mayor, Plaza San Martín, jirón de la Unión, jirón Carabaya, Abancay y los alrededores del Congreso de la República.

La medida se sustenta en que el Centro Histórico de Lima está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y dispone que su cumplimiento recaiga en diversas gerencias municipales y en el programa Prolima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior.

Asimismo, el acuerdo encarga a la Procuraduría Pública Municipal iniciar acciones legales contra quienes vulneren la norma o causen daños a la propiedad pública y al mobiliario urbano. También recomienda al Ministerio Público actuar de oficio ante posibles delitos como extorsión, afectación a la salud pública o alteración del orden y la tranquilidad pública.

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