Acusación por crimen organizado impide a Azul Rojas declarar en juicio presencial contra policías que la agredieron

Azul contesta el teléfono un día después de cumplir 44 años. Es una celebración distinta. Ella también se ha convertido en una persona distinta. Deduce que el peso de la clandestinidad le ha pasado factura. Se ha vuelto desconfiada, pero nunca indefensa. 

Han pasado 17 años desde que Azul Rojas Marín fue agredida sexualmente por tres agentes en la Comisaría de Casa Grande, identificados como Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, en la región La Libertad. El hecho ocurrió el 25 de febrero del 2008, a medianoche, cuando se dirigía a su casa, ubicada en un caserío cerca a la carretera industrial. 

Un grupo de serenos y un policía le preguntaron a dónde iba y le advirtieron que tenga cuidado porque era muy tarde. Minutos después, los mismos la registraron, golpearon y obligaron a subir a la patrulla mientras le gritaban palabras cargadas de odio.

Al llegar al establecimiento policial, la desnudaron, torturaron y violaron. La retuvieron en una celda y, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, su detención no quedó registrada. Sin embargo, pese a haber sido víctima de estos delitos, que han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al condenar al Estado peruano por la vulneración de su vida, ahora la justicia está en su contra.

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De víctima a victimaria 

El 10 de enero de 2019, el Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron la vivienda de Azul Rojas Marín. En ese momento, solicitaron nueve meses de prisión preventiva contra ella por el presunto delito de tenencia ilegal de armas, pedido que finalmente fue desestimado por falta de pruebas. Quedó absuelta del caso.

Pese a ello, la Fiscalía volvió a formular cargos, esta vez por su presunta participación en una organización criminal autodenominada ‘Los causas siempre activos’, liderada por el fallecido Jin Huaccha de los Santos y por los lugartenientes Carlos Mantilla de los Santos y Miguel Huaccha de los Santos, dedicada a la extorsión, el robo, el comercio de drogas, entre otros delitos. Según la tesis fiscal, ella habría arrendado un inmueble a los integrantes de esta red.

“Mi función supuestamente en esa organización era de colaboradora. No existe la figura de colaboradora en una organización criminal. Los supuestos son que tú la integres”, explica Azul, quien viene estudiando Derecho para, como ella describe, “saber de lo que está hablando”.

“Ellos dicen que yo los escondí en mi vivienda, que yo me comunicaba con ellos, pero la ley penal exige que deben probarlo. Nunca me encontraron que yo haya tenido alguna vinculación con llamadas o mensajes de texto, nada. Por eso, cambiaron la figura para investigarme por organización criminal. Se llevó a juicio en primera instancia y me condenaron a 8 años”, acota. Sospecha que la intención de detenerla responde a un intento por silenciarla.

Actualmente, su defensa ha solicitado el recurso de casación ante el Poder Judicial. Ella señala que, pese a todo, aún confía en la justicia. Ha enviado diversas cartas a la presidenta del organismo, Janeth Tello Gilardi, a fin de que pueda atender su caso. “El principal objetivo de ellos es mandarme a un penal para que ahí me maten y no esté en el juicio oral contra los policías. Pienso que quieren que me esconda para que no pueda declarar, pero no lo han conseguido. Siempre he estado y estaré en la lucha. Confío en los jueces supremos y en su imparcialidad”, añade.

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En la clandestinidad

Azul vive con sus dos mascotas y una familia que le ha brindado posada. Admite que son sus compañeros de cuatro patas quienes la sostienen en estos tiempos de soledad e incertidumbre. Cuenta que sus días transcurren entre estudiar y cocinar. Su mamá, quien falleció en el 2017, fue la que le enseñó el arte de preparar tradicionales platos de su natal ciudad. Antes de la sentencia, trabajaba en un restaurante como encargada de cocina. Recuerda con nostalgia esos momentos.

Debido a su situación legal, sus clases de Derecho debe tomarlas lejos de las aulas. Comenta que no puede prender su cámara ni coordinar con sus compañeros por protección. No se deja ver, pero sí escuchar. Y, al hablar de su carrera, parece que sonríe. Agradece tener la oportunidad de estar becada en la institución y poder continuar con su sueño de ser profesional.

“En un primer momento, cuando me condenaron, me quisieron quitar el beneficio. Sin embargo, se ordenó que revisen el caso y se decidió que continúe en mis clases. Pero somos cuidadosos porque yo llevo clases con policías. Inclusive se solicitó a los docentes que me permitan exponer con cámara apagada”, explica.

También agradece mucho a Dios. Es una persona muy devota. Me cuenta que su fe le permite seguir exponiendo la injusticia que vive. “Él siempre me da mucha fuerza y fortaleza para seguir avanzando. Tengo la fé y la esperanza que en su momento mi inocencia se verá reflejada”, reflexiona.

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Su juicio paralelo

En 2020, la Corte IDH ordenó juzgar y sancionar a los policías que agredieron a Azul. Cinco años después, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional ha iniciado el juicio oral contra los efectivos que la agredieron, mientras tanto, ellos continúan siguen libres e impunes. 

Las sesiones del proceso en mención se dan tanto de forma virtual como presencial. Azul sabe que ella no puede asistir, pero también sabe que es inocente y no teme en declarar. Sus agresores también conocen su situación. Estos últimos, según Azul, piensan que está vulnerable, pero no es así. Dice que el activismo y la lucha por los derechos humanos siempre será su principal motivación.

“Han pasado 17 años y aún no tengo una respuesta de que mis agresores hayan sido condenados. Sin embargo, yo por ‘ser colaboradora’ de una organización criminal ya lo estoy. Pasé de víctima a victimaria. Quedo como una delincuente mientras que mis agresores están libres. Su intención es meterme presa. En pocas palabras, muerto el perro, muerta la rabia”, acota. 

La defensa de la activista también ha solicitado la reparación civil, pues declaran que tanto su bienestar físico como emocional ha tenido graves repercusiones en su salud. “Este juicio es por tortura  (...) La Corte lo establece así. Hubo palabras específicas relacionadas con su identidad o su expresión de género y también a su orientación sexual. Se le dio un castigo físico que buscaba ‘corregir’ [su comportamiento], declara Isbelia Ruiz Perdomo, coordinadora del equipo legal de Promsex, organización que ha apoyado su defensa. 

Con la esperanza de que su caso avance con premura, el 3 de abril de este año Azul envió una carta a la actual fiscal de la Nación solicitando el pago de las reparaciones civiles ordenadas por la Corte IDH. Cabe precisar que debido a su situación de clandestinidad, Azul se ha visto imposibilitada en llevar los tratamientos físicos y psicológicos ordenado por la Corte IDH al estado peruano.

“Esto no es un favor, es una obligación del Estado (...) Usted [Delia Espinoza] tiene en estos momentos la oportunidad de ayudar a quien desde hace muchos años viene reclamando justicia”, se lee en el escrito.

No obstante, Azul cuenta que nada la va a detener. A veces, confiesa, se pregunta qué habría pasado si la hubieran asesinado aquel 2008, en esa patrulla, en esa comisaría. “Todo sería más fácil si ya no estuviera aquí”, reflexiona. No obstante, ese pensamiento se disipa rápidamente y asegura que “sigue de pie”. 

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

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