Seis universidades públicas tomadas en menos de un año: las principales carencias de los universitarios en Perú

A sus cortos veinticinco años, Marcos Tello Torres es bachiller en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y, actualmente, cursa la carrera de Derecho en la Federico Villarreal (UNFV). Es dirigente estudiantil y ha sido denunciado cuatro veces durante la gestión de Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega, rectora de la Decana de América. ¿Su delito? Protestar. Alzar la voz. Denunciar irregularidades.

“Ejercí mi derecho a la protesta en contra de los conciertos que se realizaban en el estadio de la institución (…) porque Jerí no rendía cuentas de los ingresos de esos eventos. Aunque todas esas denuncias han sido archivadas, la rectora y otros sectores de comunicación nos llaman delincuentes”, sentencia Tello, quien decidió estudiar abogacía tras ser retenido el 21 de enero de 2023, durante la intervención policial a la San Marcos, en la denominada 'Toma de Lima', en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, donde 50 personas fueron asesinadas, principalmente manifestantes del sur andino del país.

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Luis Antonio Riojas (28) también es dirigente y se encuentra estudiando su segunda carrera en San Marcos. Es politólogo. Estudió Ciencia Política y, en la actualidad, cursa el quinto ciclo de la carrera de Educación, con especialidad en Historia y Geografía. También ha sido denunciado. Su proceso se inició durante la última toma, en mayo de este año, cuando personal de seguridad y desconocidos rompieron lunas y amenazaron a la comunidad universitaria sanmarquina al ingresar por la puerta número 8, en su 474.º aniversario.

“Es un acto de persecución política para amedrentarnos. Nosotros no somos delincuentes, somos estudiantes. ¿Los delincuentes no serían aquellas autoridades que incumplen la norma y amedrentan estudiantes o los amenazan con denuncias y cartas notariales?”, cuestiona Riojas.

El deterioro de la infraestructura: un común denominador en la educación pública superior

En 2025, al menos seis instituciones estatales han sido tomadas por sus estudiantes, entre ellas la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), en Ucayali. Las principales exigencias apuntan a las fallas en la calidad del sistema de educación pública, como la gestión inadecuada de los recursos, el abandono de la infraestructura y la corrupción en los procesos de toma de decisiones por parte de las autoridades.

En abril de este año, más de 500 estudiantes de la UNALM tomaron las instalaciones de la casa de estudios para demandar, entre muchos reclamos, que el comedor universitario tenga costo cero, es decir, alimentación gratuita para todos los alumnos. Tras días de protesta y diálogo, los estudiantes lograron que este reclamo en particular sea suscrito. No obstante, dirigentes advierten que aún falta muchas cosas por hacer.

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“En la Agraria, una de las principales deficiencias es el manejo de los recursos. Parte del dinero generado—a través de programas como ganado, venta de productos o académicos— va a una entidad privada sin transparencia, lo que da pie a la corrupción. Mientras tanto, no tenemos agua potable, los laboratorios están deteriorados, hay cortes de luz y el comedor ofrece un servicio deficiente. Todo eso nos hace pensar que el dinero que debería mejorar los servicios no se está utilizando como corresponde”, afirma Walter Christopher Alejos Bermúdez (33), presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (FEUA) y alumno de Ingeniería Meteorológica.

En el caso de la Villarreal, sus estudiantes advierten múltiples fallas en la gestión universitaria. Denuncian que el comedor se encuentra inoperativo, que los títulos de bachiller se entregan fuera de plazo, la falta de carnés universitarios, lo que afecta su acceso al medio pasaje y su participación en elecciones estudiantiles Asó como precarias condiciones en las que los estudiantes deben acudir a clases.

“En facultades como Ciencias Naturales, Humanidades, algunas de Ingeniería y Contabilidad, varios compañeros aún no logran matricularse, pese a que ya pasaron tres meses del ciclo regular. Hay graves fallas de infraestructura, salones en mal estado, un comedor que cobra indebidamente y ofrece comida en malas condiciones, y un servicio de buses inactivo porque no quieren gastar en gasolina. Tengo un documento con 10 páginas de reclamos solo de mi facultad. Imagine cómo será a nivel general”, señala Jazmín Céspedes (27), vocera de la Coordinadora Democrática Estudiantil de la UNFV y representante de la Facultad de Ciencias Sociales.

La contrarreforma y el debilitamiento de la Sunedu 

Este año, en el marco del 474.º aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la institución condecoró a “seis de sus egresados más ilustres” con la Medalla de Honor Sanmarquina. Entre los galardonados destacó Juan Antonio Bazán Chávez, actual director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación —cartera encabezada por Morgan Quero—, docente de la UNMSM y férreo crítico de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), según Ojo Público .

Bazán Chávez ha manifestado públicamente su respaldo a la Ley 31520, norma que modificó el funcionamiento de la Sunedu y que, según él, “devuelve la autonomía a las universidades”. Esta reforma, aprobada en julio de 2022 por insistencia del Congreso —con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, en su mayoría por bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular—, es conocida como la “contrarreforma universitaria” y modificó cinco artículos clave de la Ley Universitaria. Uno de los más significativos fue la reconfiguración del Consejo Directivo de la entidad, incorporando a representantes de las propias universidades, lo que comprometería su autonomía e impediría una fiscalización efectiva.

Para Idel Vexler, exministro de Educación, las críticas a la Sunedu son válidas. Sin embargo, rescata el trabajo hecho por la entidad en cuanto al otorgar y denegar licenciamientos. Asimismo, señala que el Congreso ha contribuido al debilitamiento de la universidad pública. "Ni el modelo anterior ni el actual eran perfectos, pero hay que evitar que intereses políticos capturen el sistema educativo. Hubo licenciamiento, pero no una reforma estructural", sentenció para este medio.

En mayo de este año, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue tomada por estudiantes que rechazaban frontalmente la designación de Shirley Chilet Cama como rectora interina. Esta decisión fue adoptada por la Sunedu, que según Enrique Marín, vicepresidente de la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI (Acuni), se ha convertido en un ente político". "En el caso de la UNI, se quiso desconocer por completo nuestra autonomía, pasando por encima del máximo órgano de gobierno universitario y sin reconocer una decisión institucional legítima. Hay claros intereses de por medio", sostuvo.

La República intentó obtener una respuesta oficial respecto a la designación de Juan Antonio Bazán Chávez en el Ministerio de Educación; sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta. Desde el Minedu indicaron que la mayoría de voceros se encuentran atendiendo comisiones fuera de Lima.

Por su parte, el exministro del sector actualmente liderado por Morgan Quero también sostuvo que, si bien la creación de esta entidad respondió a un contexto en el que diversas universidades privadas lucraban con la educación —al amparo de medidas de corte populista y clientelista—, se necesita lograr una mayor articulación entre la oferta académica y las demandas técnicas y laborales mínimas que deben garantizar las instituciones de educación superior puntualizó. Así como la calidad de los docentes.

"Considero que sigue pendiente es una reforma magisterial integral, más allá del debate sobre la Sunedu. No ha habido una reforma del talento docente e investigativo", puntualizó.

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Politización de la Sunedu: estudiantes critican falta de autonomía

Uno de los cuestionamientos mas recientes hacia la Sunedu surgió tras la incorporación, en febrero de este año, de Susana Edita Paredes Díaz al Consejo Directivo de la institución, en representación del Concytec. Desde 2013, Paredes ha ocupado cargos directivos en la Universidad César Vallejo (UCV) y, en sus redes sociales, se refiere a Acuña como “nuestro rector fundador”. Además, figura como militante activa del partido Alianza para el Progreso (APP) desde diciembre de ese mismo año.

La entidad fiscalizadora, actualmente dirigida por Manuel Castillo, ha sancionado en al menos tres ocasiones a la UCV por el uso indebido de recursos públicos. Una de ellas por financiar viajes personales de la familia entre 2017 y 2018. Este medio consultó por la designación de Paredes Díaz y obtuvo como respuesta que a la Sunedu no le compete la elección de consejeros, debido a que estos representan a las instituciones que los designan.

Frente a la situación detallada, Enrique Marín también cuestiona los fundamentos mismos de la reforma universitaria, la cual no ha podido traducir sus acciones en efectos concretos que mejoren la calidad universitaria superior. “Yo considero, como representante estudiantil, que desde su origen la Sunedu ha sido un ente mal diseñado. No ha respondido a los intereses de los estudiantes. Más bien ha facilitado el avance de la privatización de la universidad pública. Prueba de ello es que se permita el ingreso de la Policía al campus sin necesidad de aprobación del Consejo Universitario, únicamente por orden de la rectora, algo contemplado en la actual Ley Universitaria", denuncia.

"Las seis tomas universitarias ocurridas este año no son hechos aislados, sino parte de ese mismo proceso de desmantelamiento institucional. Aunque muchas veces las tomas se levantan tras llegar a acuerdos con las autoridades, la mayoría de esos compromisos no se cumplen o no tienen impacto a largo plazo”, acota.

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Por su parte, Walter Christopher Alejos Bermúdez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (FEUA), advierte: "Hay universidades donde las autoridades están coludidas con sectores políticos que tienen más poder, al punto de ordenar el ingreso de la policía o contratar delincuentes para agredir a los estudiantes. Bajo ese contexto, una protesta o una toma se torna más violenta y difícilmente se alcanzan acuerdos".

Sumado a ello, desde la Universidad Nacional Federico Villarreal, Jazmín Céspedes (27), vocera de la Coordinadora Democrática Estudiantil y representante de la Facultad de Ciencias Sociales, resalta el estigma que recae sobre quienes se movilizan:“Nos llaman delincuentes por protestar, pero eso es un derecho. Se ha convertido en un tabú participar en política, aunque todo en nuestra vida está atravesado por ella. Tenemos que involucrarnos en estas luchas estudiantiles porque, al final, buscan exclusivamente la conquista de nuestros derechos.”

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