Congreso busca reelección de los actuales consejeros de la Sunedu: la contrarreforma continúa

Quieren prolongar la contrarreforma. Pese a las protestas, críticas y hasta acciones de inconstitucionalidad que realizaron diversas instituciones y asociaciones civiles, el Congreso de la República logró concretar, en febrero del 2023, uno de los mayores golpes que ha sufrido el sistema universitario en los últimos años, al debilitar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Sin embargo, al parecer no fue suficiente para los legisladores permitir que los rectores de las universidades públicas y privadas designen a sus representantes ante el consejo directivo de la Sunedu, convirtiéndose así en juez y parte como antes; ahora la congresista Katy Ugarte, con el respaldo de cinco de sus colegas del Bloque Magisterial, pretende que estos actuales consejeros sean reelegidos de manera excepcional, por única vez, y sin limitación alguna.

A través de un proyecto de ley que dice “garantizar la participación y representación equilibrada en la Sunedu”, la parlamentaria incluye, casi de contrabando, en una disposición transitoria única, la reelección excepcional de los miembros del consejo directivo de la Sunedu para un periodo adicional.

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Además de ello, plantea que las universidades privadas ya no tengan uno sino dos representantes ante el consejo directivo de la Sunedu, elevando la cifra de este último grupo de 7 a 8 integrantes. De esta manera, Ugarte propone que las universidades con fines de lucro (societarias) elijan a un miembro de la Sunedu y las universidades sin fines de lucro (asociativas) a otro, lo que sería un nuevo retroceso, en opinión de especialistas.

Además, pretende que el superintendente goce de voto dirimente en las sesiones del consejo directivo, reforzando su figura y poder.

Los beneficiados

Pero, ¿por qué se busca ahora la reelección de los miembros del consejo directivo? La respuesta está en que la gestión de cuatro de los siete consejeros de la Sunedu vence el 24 de febrero del 2026; es decir, en solo nueve meses.

 ¿Quiénes son ellos? Manuel Castillo (superintendente y elegido por los rectores de las universidades públicas), Andrés Ramos (designado por el Minedu), Miguel Vallejos (elegido por los colegios profesionales) y Manuel Hernández (designado por los rectores de las universidades públicas). Precisamente, con ellos, el 24 de febrero del 2023, se puso en marcha la contrarreforma universitaria establecida con la Ley n° 31520.

Controversias durante su gestión

La gestión de Manuel Castillo ha estado enmarcada por una serie de polémicas. En unas de sus primeras medidas como superintendente, en abril del 2023, agilizó el reconocimiento de su amigo y excliente Santos Montaño como rector de la Universidad Nacional de Piura. Este último dejó ese cargo este año, luego fue condenado por el Poder Judicial por actos de corrupción y, finalmente, falleció en abril último.

En otro momento, durante una actividad donde recibió a los rectores con alfombra roja y bufet, el superintendente declaró que su gestión busca ser “el padre amoroso, complaciente y cariñoso” de las universidades. Luego, en setiembre del 2023, informó que confiaba en la buena fe de estas instituciones cuando estas creaban carreras de manera indiscriminada.

En febrero del 2024, el superintendente otorgó un reconocimiento al congresista Esdras Medina (Renovación Popular) y a la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, por haber sido los mayores promotores de la Ley n° 31520 que, según él, “restituye la autonomía universitaria”. Frente a decenas de rectores, solicitó aplausos para los dos. Y razones no le faltaba, ya que, gracias a esa norma, que ese mes cumplía un año de vigencia, Manuel Castillo pudo ocupar ese cargo.

Después, en mayo del 2024, la gestión de Castillo concretó la eliminación de las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización, las cuales fueron importantes para poner en orden el sistema universitario desde el 2014. Estas ahora se han fusionado en la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario. Ello se ejecutó tras aprobar el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que tenía observaciones de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM que no fueron aceptadas.

Pero eso no es todo. Mediante un comunicado, los cuatro consejeros, cuya gestión vence el otro año, se comprometieron a no licenciar a aquellas universidades con licenciamiento denegado; sin embargo, no han cumplido su palabra porque ya entregaron esta autorización a la Universidad Peruana del Centro y a la Universidad Privada de Trujillo.

Reacciones

Fuentes del Congreso señalaron que existe la posibilidad de que este proyecto de ley para la reelección de los miembros de la Sunedu sea aprobado por la Comisión Permanente, sin contar con el dictamen de la Comisión de Educación, como ya pasó con otras iniciativas, tales como la del licenciamiento eterno.

Por el momento, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) ha mostrado su preocupación por esta iniciativa y pidió que haya una adecuada revisión en el Congreso.

Sobre el tema, el exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, señaló que desde el Congreso pretenden que no haya recambios en la Sunedu porque respaldan a los actuales consejeros que cuidan sus intereses. “¿Debemos cuestionar por qué plantean que la reelección sea por única vez? Esta es una alerta de que se quieren entornillar en la Sunedu”, dijo tras señalar que ya se perdió la meritocracia en la designación de los representantes de la Superintendencia.