Este instituto peruano está en la mira por presuntos cobros irregulares, de acuerdo a investigación de Indecopi

Las autoridades de protección al consumidor han iniciado una nueva investigación en el sector educativo privado del Perú, a raíz de denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos abusos en los cobros a estudiantes. El caso se enmarca dentro de las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), encargado de velar por los derechos de los consumidores en todo el país.

Esta medida responde a una serie de quejas públicas que alertan sobre posibles vulneraciones a los derechos establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, particularmente en lo referente a la transparencia de la información y la legalidad de los pagos exigidos a los alumnos.

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¿A qué instituto investiga Indecopi?

En concreto, la Oficina Regional del Indecopi en Cusco ha iniciado una investigación preliminar de oficio al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Antonio Raymondi, ubicado en dicha región. La acción surge tras recibir reportes de estudiantes sobre presuntos cobros indebidos, lo que podría constituir una infracción a las normativas vigentes que regulan la actividad educativa privada en el país.

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Durante la primera fase de la investigación, Indecopi realizó una supervisión directa a las instalaciones del instituto, con el objetivo de recolectar información clave. Entre los aspectos revisados se encuentran los conceptos cobrados a los estudiantes, los programas académicos ofertados, el cumplimiento con la implementación del libro de reclamaciones, y la claridad de la información ofrecida al público.

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Se evaluará el cumplimiento de normas de competencia leal

Además del análisis de los posibles cobros irregulares, la investigación preliminar incluye la verificación del cumplimiento de las normas de la leal competencia. Este componente busca determinar si el instituto en cuestión ha incurrido en prácticas que puedan afectar el correcto funcionamiento del mercado educativo, afectando tanto a estudiantes como a otras instituciones.

Indecopi ha señalado que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, lo cual implica la recopilación de datos y documentación para establecer si corresponde o no el inicio de un procedimiento sancionador formal.

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