Tres consejeros regionales del Gobierno Regional de Cusco presentaron su renuncia irrevocable tras revelaciones de presuntos acuerdos internos entre el gobernador Werner Salcedo y el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, por el hotel Sanctuary Lodge, en Machu Picchu.
Según el consejero Macedo Rueda, Salcedo le habría informado la reunión con López Aliaga para extender la concesión del Sanctuary Lodge por 4 años más, lo que provocó la indignación de los demás consejeros porque se esperaba que finalice en mayo del 2025 y que el hotel no siga en manos de empresas privadas.
"Efectivamente, la semana pasada hemos denunciado. Hubo dos sesiones en las que el gobernador regional expresó que tuvo una reunión con López Aliaga. No nos olvidemos que él manifestó en campaña electoral que el hotel debía volver a Cusco", dijo Rueda.
En ese sentido, lamentó que no se respete el acta de la denominada Declaración de Machupicchu, la cual se firmó con el Ministerio de Cultura y autoridades de la región imperial.
Werner Salcedo desmintió cualquier intención de renovar la concesión y manifestó que son calumnias de los consejeros.
El gobernador regional aseguró que su administración está comprometida con los intereses del Cusco y que cualquier propuesta relacionada con el futuro del Sanctuary Lodge será consensuada con la población y revisada por el Consejo Regional.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de no extender la concesión actual que vence el próximo mayo.
"Estamos hoy trabajando para tener un hotel que debe estar al servicio de Cusco y no como hasta hoy entregado a los intereses de unos cuantos", dijo Salcedo.
En tanto, la presidenta de la comisión del Sanctuary Lodge, Luz Marina Casafranca, lamentó las renuncias de los consejeros y exigió al gobernador responder a la empresa Belmond, cadena hotelera que opera el hospedaje desde 1995.
También manifestó que el alcalde de Lima es el culpable de la actual situación que atraviesa el Gobierno Regional por sus influencias y poder político.
Como se recuerda en 2013, en la gestión de Jorge Acurio Tito, se firmó una cuestionada adenda que extendió el contrato hasta mayo de 2025.