Desde el 5 de enero de 2015, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) asumió un rol fiscalizador clave para mejorar la calidad académica en Perú. Este organismo, adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), posee las facultades necesarias para autorizar o rechazar licenciamientos de instituciones educativas en todo el país. Sunedu se ha convertido en un pilar esencial para garantizar estándares elevados en la educación superior, contribuyendo a la formación de profesionales altamente capacitados.
Algunas universidades en Perú han enfrentado serias dificultades para cumplir con los estrictos estándares establecidos por la Sunedu. La denegación del licenciamiento ha dejado en vilo la situación académica de muchos estudiantes, ya que sin esta certificación, las instituciones afectadas no podrán recibir más postulantes en sus procesos de admisión.
En esta nota, te contamos cuáles son las cinco universidades del Perú que no lograron obtener el licenciamiento de Sunedu, y cómo esta situación impacta tanto a los estudiantes como al panorama educativo del país.
En diciembre de 2019, después de una evaluación que duró 2 años y 6 meses, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria denegó el licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas (UAP). Desde ese momento inició un proceso ordenado de cese de actividades.
En medio de las diligencias, la Sunedu descubrió que la UAP retiró de su oferta 119 programas de estudio y desistió de seguir brindando el servicio educativo en 72 locales. Hasta multó a la Universidad Alas Peruanas por ofrecer enseñanza en un local no autorizado que estaba ubicado en la provincia de Bolívar, en Cajamarca.
Felizmente, los estudiantes matriculados en la UAP al momento del cierre lograron tener las opciones de transferirse a otra universidad licenciada por Sunedu. De igual manera, podrían convalidar sus estudios y continuar en otra institución.
Sin embargo, la Universidad Alas Peruanas afronta una investigación por un presunto caso de lavado de activos. Las razones de la pesquisa van desde sospechas por desfalco millonario, falta de fundamentación legal, entre otros. Es más, el 11 de abril de 2023, la Fiscalía llegó a incautar los bienes de la UAP.
La Sunedu descubrió que en la Universidad Científica del Perú (UCP) se presentó inconsistencias en la asignación del presupuesto para la planificación y la Dirección Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa.
Esto "no garantiza que se realicen las actividades ni el desarrollo de la gestión de la calidad que permitan la mejora y la continuidad del funcionamiento de la dirección".
También se evidenció que la UCP carece de una normativa consistente que facilite la titulación de los estudiantes.
"De la misma manera, no garantiza la preservación y cuidado de su infraestructura, equipamiento y mobiliario al no evidenciar una adecuada gestión referida a la planificación y ejecución presupuestal de su plan de mantenimiento", precisó la entidad adscrita al Minedu.
Cabe precisar que se le otorgó la extensión del plazo por 3 años hasta agosto de 2025.
Se evidenció que la UCP carece de una normativa consistente que facilite la titulación de los estudiantes. Foto: Sunedu
Es más, la universidad aseguró que continúan funcionando con clases semestrales, entrega de grados y títulos, trámites administrativos, pago de impuestos, abono de remuneraciones. Incluso precisó que sus estudiantes no empezarán de cero.
"Declaramos todos los años nuestras rentas ante la Sunat. Presentamos información permanente a la Sunedu y desarrollamos actividades de proyección con otras instituciones de la ciudad", puntualizaron.
La Universidad Privada Juan Pablo II funciona desde el 2010. Este centro educativo albergó a 930 estudiantes y contó con una plantilla de 90 docentes en su sede ubicada en Ate Vitarte.
Sin embargo, la Sunedu demostró que la UJPII "no cuenta con instrumentos de planificación que permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales ni con procedimientos ni parámetros para identificar posibles afectaciones a los derechos de autor en su producción académica y de investigación".
La Universidad Privada Juan Pablo II albergó a 930 estudiantes. Foto: difusión
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), mediante resolución de su Consejo Directivo, negó la solicitud de licencia institucional realizada por la Universidad Privada de Pucallpa (UPP) en 2019.
Esta decisión obedece a que la UPP no pudo demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
En consecuencia, la universidad inició un proceso ordenado de cese de actividades. La Sunedu decidió otorgarle un plazo máximo de dos años para cesar completamente sus actividades.
Sunedu negó en el 2019 el licenciamiento de la Universidad Privada de Pucallpa. Foto: Sunedu
En 2019, la Sunedu también le negó el licenciamiento a la Universidad Telesup, la cual tenía a más de 20.000 estudiantes, debido a que incumplía las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.
De acuerdo con la resolución del consejo directivo de la Sunedu, Telesup debía iniciar un proceso ordenado de cese de sus actividades en un plazo máximo de dos años; aunque quedó impedida de admitir nuevos estudiantes. No obstante, los grados y títulos que emitió durante su funcionamiento seguirán siendo válidos y reconocidos.
La Universidad Privada Telesup levantó una estructura que simulaba una fachada construida. Foto: Andina
De acuerdo con la Sunedu, Telesup no ha sido capaz de demostrar el cumplimiento de ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas por la Ley Universitaria desde que inició su proceso de evaluación en el 2017.
Esto, a pesar de que en el semestre 2018-II la universidad dejó de dictar 18 carreras que tenían más de 5.700 estudiantes.
Aquí están las cinco claves de la noticia sobre las universidades peruanas que no lograron obtener el licenciamiento de Sunedu:
Según las normativas de la Superintendencia, en caso de que se deniegue la licencia de una universidad, esta debe cesar gradualmente sus actividades.
Es crucial que la prestación del servicio educativo continúe sin interrupciones durante el semestre o año en curso al emitirse la resolución respectiva.
No obstante, este período no puede extenderse más de dos años a partir del semestre siguiente al que se denegó la licencia.
La universidad está obligada a comunicar a la Sunedu el cronograma previsto para el cese de actividades. Esta comunicación debe ser enviada en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de notificación de la resolución.
Además, las universidades que estén en proceso de cese no podrán convocar procesos de admisión ni aceptar la matrícula de nuevos estudiantes.
Desde el 5 de enero de 2015, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) asumió un rol fiscalizador. FOTO: Sunedu
Luego de que la Sunedu le notifica a la universidad verificada de que no ha logrado pasar satisfactoriamente las evaluaciones de Condiciones Básicas, sucede lo siguiente.
Estudiantes universitarios. Foto: Andina
Hasta la fecha, Sunedu ha concedido 97 licenciamientos, certificando que estas instituciones cumplen con los estándares mínimos de calidad educativa necesarios para funcionar.
Los interesados pueden consultar en este ENLACE las universidades con licencia y aquellas a las que se les ha denegado, así como la resolución del licenciamiento e información adicional.
Entre las principales funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encuentran las siguientes:
Las Condiciones Básicas de Calidad son un conjunto de estándares mínimos con los que la universidad debe contar para obtener el licenciamiento. Estos constituyen un mecanismo de protección a los estudiantes, sus familias y a la sociedad en su conjunto. Existen ochos requisitos para cumplir con las características exigidas por la Sunedu:
En Perú, un bachiller es un título académico otorgado por universidades e instituciones de educación superior a los estudiantes que han completado satisfactoriamente los estudios correspondientes a una carrera profesional, generalmente después de unos cinco años de estudios. Este título es un requisito previo para obtener el título profesional y ejercer formalmente en el campo correspondiente.
El proceso para obtener el título de bachiller en Perú implica:
Una vez obtenido el título de bachiller, el graduado puede optar por continuar con estudios de posgrado, como una maestría o doctorado, o proceder a tramitar su título profesional, que le permite ejercer oficialmente en su campo. Para obtener el título profesional, además del título de bachiller, suelen ser necesarios otros requisitos, como prácticas profesionales y, en algunos casos, la aprobación de un examen de certificación.
El Consejo Nacional de Educación (CNE) ha rechazado categóricamente el proyecto de ley que busca modificar la Ley Universitaria N° 30220, el cual propone que las universidades otorguen títulos técnicos. En respuesta a esta propuesta del Congreso, el órgano especializado del Ministerio de Educación (Minedu) destacó en un comunicado que cualquier cambio en el sistema de educación superior debe asegurar una educación de calidad que promueva el desarrollo de competencias. Este posicionamiento subraya la importancia de mantener estándares educativos rigurosos que beneficien tanto a los estudiantes como al desarrollo profesional en el país.
En este sentido, el CNE sostiene que no es posible "pretender –o prometer– garantizar la empleabilidad" debido a la alta informalidad y baja competitividad del mercado laboral peruano. En principio, esta es una de las principales motivaciones del congresista Hamlet Echeverría Rodríguez para presentar el proyecto.
CNE no tiene una opinión favorable con respecto al proyecto de ley. Foto: composición LR/Andina/CNE
No obstante, la propuesta legislativa también busca que las universidades adecuen su estructura curricular para que los estudiantes puedan obtener títulos técnicos al finalizar los primeros seis semestres de sus carreras. Sin embargo, el CNE argumenta que esta medida podría desarticular el sistema de educación superior, el cual ya cuenta con una diferenciación clara entre universidades e institutos técnicos.
Además, el Consejo Nacional de Educación resalta que "la autonomía académica, de vertiente constitucional, implica la potestad autodeterminativa de las universidades para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria". La propuesta del Congreso, al obligar a las universidades a modificar su normativa, estaría atentando contra esta autonomía, elemento esencial para la innovación y adaptación de los programas educativos a las necesidades específicas de cada comunidad educativa.