Por más de un año –desde que el Tribunal Constitucional (TC) validó, en enero del 2023, la Ley n° 31520, llamada también la ley de la contrarreforma universitaria–, el actual Consejo Directivo de la Sunedu viene tomando diversas decisiones, pese a que su conformación aún está incompleta.
Hasta fines de marzo, el Consejo se encontraba integrado por cinco de sus siete miembros.
En funciones estaban el superintendente Manuel Castillo y el consejero Manuel Hernández, elegidos, de forma polémica, por un grupo de rectores de las universidades públicas liderados por Jerí Ramón, de San Marcos. A ellos se sumaban Andrés Ramos, por el Ministerio de Educación; Miguel Vallejos, por los colegios profesionales; y José Luis Sardón, designado por las universidades privadas.
En ese momento, ya solo faltaban los representantes del Concytec y el Sineace. Sin embargo, a fines de marzo, Sardón presentó su renuncia tras ser designado por el Gobierno de Dina Boluarte como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Debido a ello, el 10 de abril último, los cuatro miembros del consejo de Sunedu declararon la vacancia de Sardón y solicitaron a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), al ser la privada más antigua del país, que convoque a la elección de un nuevo representante de las universidades particulares.
Pues bien, el secretario general de la PUCP, Roberto Reynoso, confirmó que les llegó dicho oficio el 26 de abril; sin embargo, informó que, cuatro días después, le solicitaron a la Sunedu que les mande la relación de rectores habilitados de universidades privadas licenciadas, con sus respectivos correos electrónicos y números telefónicos.
“Estamos esperando esos datos para el padrón de electores. Esperamos que nos envíen en esta semana para poder hacer la convocatoria, recibir candidatos y seguir con el periodo de tachas hasta llegar al día del voto presencial del nuevo miembro de Sunedu”, explicó.
Reynoso afirmó que ese proceso podría durar entre tres a cuatro semanas porque ya tienen una experiencia previa.
Para el exviceministro de Educación José Luis Gargurevich es urgente que los miembros restantes sean designados por el Sineace y Concytec para que haya un contrapeso en el consejo de Sunedu. “Pero eso demorará porque el Gobierno pone trabas para elegir al presidente de Concytec”, dijo. En tanto, Sineace sigue reordenándose.
Gargurevich alertó que se estén buscando perfiles a favor de la contrarreforma y lamentó que ese consejo incompleto de Sunedu haya aprobado el nuevo ROF, donde eliminan las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización.
El 21 de marzo, la Unidad Sindical de Docentes Universitarios del Perú cuestionó que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no promueva que se abra una investigación contra el superintendente Manuel Castillo y el consejero Manuel Hernández, luego de que la Contraloría hallara presuntas irregularidades en sus designaciones.
Según Contraloría, Castillo asumió como miembro de la Sunedu cuando aún era coordinador de maestrías de la Universidad Nacional de Piura. “Habría incumplido el deber de neutralidad del Código de Ética de la Función Pública”.
Hernández también ingresó a Sunedu cuando era director de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.