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Sociedad

Amenazan de muerte a otro defensor ambiental

En Ucayali. Vivienda del apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, sufrió ataque de desconocidos que dejaron un mensaje: “No vive”. Antes había denunciado complicidad de autoridades con una empresa que deforestó 7.000 hectáreas de bosques.

larepublica.pe
En la mira. Miguel Guimaraes Vásquez, vicepresidente de Aidesep, es amenazado por tercera vez por defender su territorio de las actividades ilícitas. Foto: difusión

Las amenazas a los defensores ambientales no se detienen. El apu Mario Guimaraes Vásquez, protector shipibo de los derechos humanos ambientales de la comunidad Flor de Ucayali y vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), fue amenazado de muerte tras su participación en la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, realizada en Santiago de Chile.

En este espacio internacional se viene discutiendo el Plan de Acción de los Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales.

Antes de viajar a ese evento junto con la lideresa Teresita Antazú, así como con dirigentes de Corpi-sl Cosmovisión Indígena, OrpioAidesep, Orau oficial y la Central Asháninka Río Ene, Guimaraes había alertado sobre la presunta complicidad de algunas autoridades en el accionar de un grupo empresarial dedicado a la producción sostenible de aceite de palma en la región Ucayali.

“El caso de Ocho Sur es conocido porque ya más de 10 años hemos estado denunciando su actitud. Inclusive hemos estado en la mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible para denunciar lo que la empresa había hecho: deforestar más de 7.000 hectáreas de bosques primarios para sembrar palma a vista y paciencia de las autoridades”, indicó.

Sin embargo, agregó: “La Fiscalía Ambiental hasta ahora ha hecho poco o nada”.

Atentado. Vivienda atacada y donde dejaron un mensaje. Foto: difusión

Quemaron su vivienda

Tras retornar al Perú, el líder del pueblo shipibo-konibo descubrió que su casa en Yarinacocha (Ucayali) había sido violentada la noche del miércoles. Los responsables quemaron las ventanas, forzaron las puertas y robaron sus pertenencias y las de su familia. Además, escribieron en una pared: “No vive”.

“Esto ocurre en medio de una fuerte campaña de difamación en contra de líderes indígenas, defensores ambientales y representantes de la sociedad civil que venimos denunciando las ilegalidades de empresas agroindustriales en la Amazonía peruana”, dijo Guimaraes.

El registro de riesgo de defensores de derechos humanos del Ministerio de Justicia revela que desde junio del 2019 a octubre del 2023 hubo, al menos, 145 situaciones de riesgo contra personas consideradas defensoras de la Amazonía y de sus pueblos originarios.

Es la tercera amenaza

Pero esta no es la primera vez que Guimaraes es amenazado. En el 2018, cuando era presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), también fue intimidado con un mensaje de WhatsApp que decía: “Procederemos a las buenas o malas c…”. El texto estaba acompañado de la imagen de una persona descuartizada.

El 14 de octubre del año 2020, en plena emergencia sanitaria por la Covid-19, Miguel Guimaraes recibió otra amenaza de muerte.

Ocurrió luego de su participación en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se centró en los vínculos entre los asesinatos de defensores y defensoras indígenas y la corrupción.

Miguel Guimaraes y su familia exigen garantías para sus vidas. Ellos temen ser atacados ante la falta de protección de parte del Estado.

Aidesep: No es un hecho aislado

Aidesep rechazó los actos de hostigamiento, amedrentamiento y violencia que vienen enfrentando los defensores indígenas y exigen al Ministerio Público que inicie la investigación con inmediatez, realizando todas las diligencias urgentes y necesarias para identificar a los responsables del atentado.

Denunciaron que este no es un hecho aislado, sino que se da en un contexto de violencia sistemática, amenazas y atentados contra quienes luchan por defender los derechos colectivos y los territorios ancestrales ante el avance de actividades ilícitas.