La provincia de Pataz, en la región de La Libertad, ha sido escenario —una vez más— de la violencia asociada a la actividad minera. En un incidente reciente, el cual tuvo lugar el 4 de abril, alrededor de las 11.15 p. m., la minera Poderosa sufrió un atentado que resultó en la caída de dos torres de energía eléctrica.
El ataque se suma a una serie de acciones similares que han afectado a la infraestructura de la empresa en los últimos dos años; no obstante, se reportó durante las últimas horas otro incidente donde se registró la muerte de al menos una persona y dos heridos a causa de otro atentado.
El jefe de la III Macrorregión Policial, general PNP José Zavala, indicó que el problema en la región es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y dejó en claro que este nuevo ataque es distinto al que terminó con la voladura de dos torres de alta tensión, pues el más reciente ocurrió al interior de un socavón.
"Son hechos aislados, pero sí hay una persona fallecido y dos personas heridas. Ellos trabajan para una empresa que es subcontratada por la empresa Poderosa. Las víctimas han sido identificadas y los heridos ya han sido dados de alta", dijo la autoridad policial a La República.
Según información policial, en los últimos dos años se han registrado un total de 14 antenas de alta tensión derribadas, presumiblemente por mineros informales. Estos actos de violencia no solo impactan en la operatividad de la empresa, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad de sus trabajadores y la estabilidad de la región.
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Es alarmante constatar que el último ataque ocurrió en un contexto de estado de emergencia, con la presencia de 300 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) e integrantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la zona.
A pesar de estas medidas de seguridad, los perpetradores lograron llevar a cabo su acción violenta impunemente, lo que plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las estrategias implementadas hasta el momento para combatir esta problemática.
Los representantes de la minera Poderosa han lamentado, además, la pérdida de 16 colaboradores en ataques similares perpetrados por mineros ilegales. Este trágico saldo humano subraya la urgencia de intensificar los esfuerzos para frenar la minería informal y garantizar la protección de quienes trabajan en este sector.
En respuesta a estos sucesos, la vicegobernadora de La Libertad, Johana Cabrera, ha anunciado que se solicitará la ampliación del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz. Esta medida busca reforzar las acciones de seguridad y prevenir futuros ataques contra la infraestructura minera y la integridad de los ciudadanos.
La comunidad empresarial también ha levantado su voz de alarma ante esta creciente amenaza. La Cámara de Comercio de La Libertad ha instado al Gobierno de Dina Boluarte a tomar acciones inmediatas y contundentes contra la minería informal, la cual está ganando terreno en la región minera de Pataz, conocida por la extracción de oro.
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Esta exigencia refleja la preocupación compartida por diversos sectores de la sociedad ante la escalada de la violencia y la inseguridad derivada de la actividad minera ilegal.
El Comando Unificado Pataz, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, indicó que seguirá con una serie de operativos para garantizar el orden interno y la seguridad en la jurisdicción.
"Hoy 5 de abril, en circunstancias que son materia de investigación, se produjo un enfrentamiento entre presuntos mineros ilegales con personal de una empresa de seguridad privada en cercanías al centro poblado de Pueblo Nuevo, produciéndose el lamentable deceso de un ciudadano en proceso de identificación oficial, resultando además dos heridos que vienen recibiendo atención médica", dijo respecto a la explosión en Pataz.