
¡Atención! Atentar contra la vida de un juez, un miembro de las Fuerzas Armadas o un integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP) se sanciona con pena de cárcel por el delito de homicidio calificado, de acuerdo con información compartida por el juez de la Corte Superior Nacional, Guillermo Huamán Vargas.
El magistrado explica que quien incurra en el delito de homicidio en agravio de miembros de la PNP, FF. AA., Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional o alguna otra autoridad elegida por mandato popular podría recibir entre 25 y 35 años de cárcel.
Huamán Vargas precisó que, cuando se trata de homicidio calificado, se refiere al hecho de que un ciudadano o una ciudadana quite la vida a otra “mediando circunstancias que dan gravedad al hecho”, por ejemplo, que se actúe con lucro, ferocidad, codicia, placer o con la finalidad de facilitar u ocultar la realización de un delito.
Además, si el delito se comete contra funcionarios que cumplen el rol de brindar seguridad o están a cargo de procesos judiciales, el ilícito adquiere mayor gravedad , detalló el juez.
“La pena se determinará de acuerdo con las circunstancias en que se materialice el acto criminal, sea con el uso de armas, con ferocidad, codicia o para ocultar otro delito, lo que conllevaría a imponer la máxima sanción”, indica el juez de la Corte Superior Nacional.
Guillermo Huamán sostiene que “no es que la vida de un policía vale más que la de cualquier ciudadano”, sino que atentar contra la vida de este funcionario representa “una gran afectación a la seguridad”. Lo mismo si es contra un magistrado, porque se buscaría quebrantar la realización de procesos judiciales, lo cual aumenta la gravedad de este ilícito.
El magistrado resalta también que se debe comprobar si el delito se realizó con gran crueldad o alevosía, como cuando se usa material explosivo.
En tanto que homicidio simple, dice Huamán, es el hecho en el que un agente, de manera intencional, quite la vida a otra persona sin que concurran circunstancias que puedan generar una gravedad al hecho, lo que es sancionado con una pena de hasta 25 años de prisión.
Los funcionarios en Perú se distribuyen en los tres niveles de Gobierno: nacional, regional y local.
En el ámbito nacional, los funcionarios son los siguientes:
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En el ámbito regional, los funcionarios principales son los siguientes:
En el ámbito local, los funcionarios son los siguientes:
Estos funcionarios tienen el deber de servir al público, gestionar recursos, crear e implementar políticas públicas, y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones del país. La estructura y funciones específicas de estos cargos pueden variar. Hay muchas otras posiciones y roles dentro del Gobierno peruano como, por ejemplo, numerosas agencias, comisiones y servicios públicos que también son dirigidos por funcionarios nombrados o elegidos.

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