Jefe del INPE sobre reabrir El Frontón: "Con ese dinero podemos construir 10 penales"

Luego de que se diera a conocer que un grupo de parlamentarios busca impulsar un proyecto de ley para que se reabran los penales de El Frontón y El Cepa —como medida para disminuir la cantidad de reos que ingresan a las cárceles del país—, el jefe del INPE, Javier Llaque, indicó que esta medida es inviable debido a que generaría mucho gasto al Estado peruano.

“Hemos considerado que es inviable. Establecimos todas las razones técnicas y también nos han visitado congresistas, a quienes les hemos explicado esta situación. En primer lugar, es demasiado caro. En segundo lugar, tanto el penal de El Frontón como El Cepa son muy caros”, dijo Llaque en conversación con Canal N.

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Asimismo, recalcó que el penal El Frontón no tiene las condiciones adecuadas, en estos momentos, para albergar reos, pues se tendrían que realizar demasiados cambios en su infraestructura y el monto que se gastaría podría ser mejor invertido para crear nuevas cárceles.

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"Todo penal tiene que tener condiciones de accesibilidad inmediatas, una emergencia en la isla en estos momentos... no tiene ni muelle. El INPE, para construir un penal, tendría que construir un muelle, una flota de lanchas para llevar y traer personas. Con ese dinero podemos construir, estoy seguro, unos diez penales", dijo.

Finalmente, pidió a las autoridades apoyo para otros proyectos que tiene el INPE y que sí son viables con la finalidad de mantener un orden y dar un correcto trato a los internos.

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¿Qué pasó en El Frontón?

El 18 de junio de 1986, los internos de El Frontón iniciaron un motín en el pabellón azul, mientras simultáneamente en los penales de San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara se desataban disturbios con el objetivo de escapar. En ese mismo momento, en Lima se llevaba a cabo la conferencia mundial de la Internacional Socialista, a la cual asistían líderes mundiales y autoridades peruanas, incluido el expresidente Alan García.

A pesar de la importancia de la conferencia, la situación en los penales se volvía crítica, con los reclusos tomando rehenes y exigiendo mejoras en sus condiciones carcelarias y la eliminación de requisas y revisiones, entre otras demandas. Ante esto, el Gobierno envió una comisión negociadora, pero las conversaciones fracasaron. Como respuesta, el presidente García declaró a los centros penitenciarios como "zonas militares restringidas".

Cuando algunos internos se rindieron fueron llevados a una zona llamada los 'Baños', donde fueron asesinados, torturados y ejecutados, según testimonios y reportes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Se informó de 118 reclusos fallecidos.