El Frontón se reabriría luego de más de 35 años para recluir a delincuentes de alta peligrosidad

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, inspeccionó las instalaciones del antiguo penal San Juan Bautista, conocido como El Frontón, en el puerto del Callao. Durante la visita, el titular del Parlamento anunció la posibilidad de reactivar dicho centro penitenciario, uno de los más temidos del Perú, que fue cerrado hace más de 35 años. Esta iniciativa se dio como respuesta al creciente problema de delincuencia e inseguridad ciudadana, así como el persistente hacinamiento en las cárceles del país.

Soto Reyes expresó su intención de presentar una iniciativa de ley en el Congreso para declarar de interés nacional y necesidad pública la reconstrucción de El Frontón. El proyecto busca albergar a delincuentes condenados por delitos de alta peligrosidad, como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, crimen organizado, trata de personas, homicidio calificado y violación sexual.

¿Por qué se busca reabrir El Frontón?

La medida, que busca garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos, se da en medio de la preocupación por el aumento de la criminalidad en el país. Además, en dicho proyecto, se plantea la ampliación de la infraestructura del penal de Challapalca, ubicado en Tacna, como parte de la estrategia para abordar la sobrepoblación penitenciaria.

Acompañado por el almirante Luis Polar Figari, comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Soto Reyes también visitó la Escuela Naval del Perú, donde se informó sobre los avances en la formación de los miembros de la Marina y las capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales–FOE.

La propuesta de reabrir El Frontón no es nueva, ya que el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) tomó la iniciativa al exponer la urgencia de abordar la sobrepoblación penitenciaria en el país.

¿Qué pasó en El Frontón?

En la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos de El Frontón iniciaron un motín en el pabellón azul, mientras simultáneamente en los penales de San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara se desataban disturbios con el objetivo de escapar. En ese mismo momento, en Lima se llevaba a cabo la conferencia mundial de la Internacional Socialista, a la cual asistían líderes mundiales y autoridades peruanas, incluido el expresidente Alan García.

A pesar de la importancia de la conferencia, la situación en los penales se volvía crítica, con los reclusos tomando rehenes y exigiendo mejoras en sus condiciones carcelarias y la eliminación de requisas y revisiones, entre otras demandas. Ante esto, el Gobierno envió una comisión negociadora, pero las conversaciones fracasaron. Como respuesta, el presidente García declaró a los centros penitenciarios como "zonas militares restringidas".

Posteriormente, en la madrugada del 19 de junio de ese mismo año, se desató una violenta represión por parte de la Marina, que utilizó armamento convencional, bazucas, morteros y explosivos de alto poder. Esto resultó en la demolición del pabellón azul.

Después de rendirse, algunos internos fueron llevados a una zona llamada los 'baños', donde fueron asesinados, torturados y ejecutados; según testimonios y reportes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Se informó de 118 reclusos fallecidos, que incluyen personas detenidas.