Mientras que la presidenta, Dina Boluarte, asegura en Estados Unidos que "el Perú ahora es un país que está en calma y paz", la Municipalidad de La Victoria anunció que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) ha aprobado solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de estado de emergencia en el distrito, tras la ola de criminalidad que se vive a causa de enfrentamientos por presuntos cobros de cupos.
El gerente de Seguridad Ciudadana, Joseph Livia Gonzales, informó la mañana del 2 de noviembre que el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, citó a la representantes del Codisec para establecer medidas ante los hechos de violencia que se han registrado en esta parte de la ciudad.
Las autoridades de este distrito buscan orden en el lugar y piden intervención del Ministerio del Interior (Mininter) y otras carteras de la PCM, para garantizar la seguridad ciudadana, así como de las instituciones educativas, empresarios y transeúntes.
El alcalde de La Victoria se reunió con el Codisec. Foto: Twitter
El gerente de Seguridad Ciudadana de la Victoria, Joseph Livia Gonzales, manifestó que la municipalidad es consciente de que hay extorsiones en el distrito; sin embargo, indicó que las víctimas no denuncian. En entrevista con América, recordó que a su sector le corresponde trabajar en la prevención, mientras que las autoridades se ocupan de las investigaciones al respecto.
"Las denuncias no las hacen en la municipalidad ni tampoco la hacen vía telefónica. (…) La Municipalidad de La Victoria es consciente de lo que pasa acá. La información sobre extorsiones no le podría indicar porque es netamente investigación policial, es por eso que nosotros, en nuestra fase preventiva, venimos realizando esas tareas para ayudar a la PNP a perseguir este delito", dijo.
El estado de emergencia es una medida que decreta el Gobierno cuando hay perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que puedan afectar la vida de la nación. Tiene un máximo de 60 días, prorrogables por nuevo decreto y pueden restringirse derechos relativos a la libertad.
El pasado mes de setiembre, la presidenta, Dina Boluarte, informó que el Poder Ejecutivo determinó declarar en emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (Piura) por el incremento de actos delictivos y criminalidad.
Además, el 10 de octubre, el Gobierno oficializó —a través del Decreto Supremo N.° 105-2023-PCM, publicado en el El Peruano— la declaratoria del estado de emergencia en el Cercado de Lima y Lince, con la finalidad de luchar contra la inseguridad ciudadana a través su manifestación mediante el proxenetismo, la prostitución, extorsiones y la trata de personas.