Cuestionan eficacia de los bloqueadores de celulares

La tarde del 20 de septiembre, un día después de que se decretara el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, el Instituto Nacional Penitenciario halló cuatro celulares en el penal Miguel Castro Castro y manuscritos con anotaciones de números telefónicos que estarían relacionados con actos de extorsión.

Un mes después, el 19 de octubre, personal penitenciario encontró otro celular en el penal Ancón I y también papeles con números telefónicos. La tarde del jueves fue encontrado otro celular en el penal de Lurigancho donde también se confiscaron agendas con números telefónicos, cuentas bancarias y códigos de Yape y Plin.

Estos tres casos son apenas una muestra de las irregularidades que se presentan en el interior de los centros carcelarios, donde, en teoría, es imposible que funcionen los celulares. Y como se recuerda, desde el 2014 se hicieron millonarias inversiones en bloqueadores o inhibidores de señal móvil, cuya eficacia, a la luz de los hechos, es bastante cuestionable.

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“Hemos intervenido en el penal de Lurigancho donde se encontraron celulares y manuscritos con números de teléfono y anotaciones de cuentas bancarias y de Yape que muchas veces son utilizadas para fines extorsivos. Cuando han sido consultados, los internos no han sabido dar una explicación concreta”, dijo el coordinador nacional de la Fiscalía de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea.

Admitió que los delitos que más afectan a la población son las llamadas extorsivas que salen de los penales.

“Tenemos conocimiento que algunas de estas llamadas se hacen desde los penales. Hace unos días también se erradicó antenas ilegales para evitar que internos puedan acceder a señales wifi. Esto es parte de una estrategia del Ministerio Público en la lucha contra la inseguridad”, añadió.

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En efecto, detrás de la posibilidad de que los presos puedan tener servicios de comunicación en sus celdas, que va de la mano con una cadena de corrupción que facilita el ingreso y tenencia de celulares en los penales, se ha tejido un entramado criminal que permite que los condenados sigan dando órdenes para cometer delitos aún estando en prisión.

Versiones opuestas

Y uno de los principales delitos cometidos a través de dispositivos móviles es precisamente la extorsión. Pese a ello, el jefe del INPE, Javier Llaque, señaló en RPP que si bien se ha detectado que se han realizado algunas llamadas extorsivas desde los penales, negó que sean la mayoría de ellas.

“Mucho se habla de qué cantidad de extorsiones se organizan desde los penales. Yo rechazo esa afirmación de que muchas extorsiones salgan desde los penales. No niego que alguna extorsión haya salido desde los establecimientos, pero de ahí a que de cien extorsiones que hay, la mitad o la mayoría se organicen desde penales, garantizo que eso no es verdad”, dijo.

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Una postura distinta es la tiene el exministro del Interior Rubén Vargas, quien afirma que “el bloqueo de los celulares en los penales es un autoengaño más normalizado en el país, porque se está pagando por un servicio ineficiente”.

Añade que ese servicio es absolutamente vulnerable “porque está demostrado que en los penales existe una especie de call center de las extorsiones”.

“Hay un desconocimiento de la magnitud del problema, mientras el Gobierno está a la deriva”, dijo finalmente.

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La palabra

Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior

“El bloqueo de los celulares en los penales es un autoengaño más normalizado en el país, porque se está pagando por un servicio ineficiente y que es absolutamente vulnerable. Eso está demostrado”.

Datos

• Contrato. En el 2014, la compañía Prisontec S.A.C., y el Ministerio de Justicia suscribieron un contrato para instalar bloqueadores en 33 penales.
• Sospechoso. Ayer personal del INPE y la PNP hallaron dos armas de fuego y municiones cerca del penal de Challapalca donde están los presos de alta peligrosidad.