Estado de emergencia: nada frena la ola criminal en los distritos de SJL y SMP

La violencia no se detiene en San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP), distritos que se hallan en emergencia y donde se supone que la Policía, con apoyo del Ejército, tiene el control de la situación. En menos de 24 horas se reportaron cuatro asesinatos en estas jurisdicciones, los que se suman a la decena de crímenes registrados en lo que va del estado de excepción.

La fundadora de una empresa de mototaxis —que venía luchando contra la informalidad en ese tipo de transporte— fue una de las víctimas en SJL. Dos sicarios balearon a Florencia Remuzgo Artesano (52) muy cerca de su domicilio, en el sector de Canto Grande.

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En la víspera, Rolando Liñán Tejada (22) murió al recibir dos balazos en la cabeza, también en San Juan de Lurigancho.

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Y en SMP, los hermanos Alvin y José Legel Lugo, de 18 y 23 años, fueron asesinados en la Urb. Paraíso Florida, cuando se desplazaban en una mototaxi. El mayor de ellos había llegado hace un mes de Venezuela. Dos sicarios en moto los balearon. Uno murió en el vehículo y el otro a media cuadra.

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En San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, que han figurado entre los distritos más violentos, no se ha logrado reducir la tasa de homicidios.

Pese al estado de emergencia, hay actividades ilícitas que no descansan: el sicariato, la extorsión y los robos agravados, como el que se registró ayer en un jardín de niños de SJL.

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La violencia homicida es un problema porque las estrategias están orientadas más a reprimir y controlar el delito, en vez de prevenirlo. “El estado de emergencia no está funcionando. La estrategia no es la más adecuada y seguimos con un Código Penal que tiene amarrada a la Policía. Además, fiscales y jueces liberan a delincuentes”, manifiesta el coronel (r) Jorge Mejía, ex jefe de la Policía Antisecuestros.

Ayer, un día después de que el Consejo de Ministros aprobara un decreto legislativo que modifica el Código Penal para imponer penas más severas a los ladrones de celulares, un escolar de 15 años fue baleado en Puente Piedra por resistirse al robo de su dispositivo móvil.

¿Las penas altas disuaden? Para el exministro del Interior, Rubén Vargas, no.

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“A los delincuentes no les intimida la pena, sino la certeza de que serán capturados y sentenciados; es decir, cuando la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial funcionan. Un ejemplo cotidiano: las reglas de tránsito y las multas en Lima y el Callao son las mismas. Pero el conductor sabe que en el Callao tiene que respetarlas porque la probabilidad de pagar la multa es alta”, indica.

Y añade: “¿Será disuasiva la pena de 30 años de cárcel para el robo de celulares? No. Seguirá siendo el delito más recurrente mientras no tengamos una estrategia integral que ataque a los mercados de objetos robados, penalice a las empresas que venden chips callejeros y no se fortalezca a la Policía”.

Y los hechos le dan razón a Vargas. En la tarde de ayer, en el Callao, dos fiscalizadores de la municipalidad fueron baleados. Uno de ellos murió.

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En el Callao

Ataque. Sobre el caso de los fiscalizadores del Callao, se supo que fueron atacados por un sujeto que bajó de un auto.

Víctimas. Brian Ramírez Cabello (31) falleció de camino al hospital Carrión, mientras que su colega Marco García Purizaca (57) quedó grave.