Procuraduría acusa a gobernador de Piura de supuestos actos de corrupción sobre bienes del Estado

Los representantes de la Procuraduría del Gobierno Regional de Piura denunciaron al gobernador Luis Neyra de obstruir el trabajo de fiscalización a los recursos del Estado, y lo responsabilizó de presuntos actos de corrupción al no permitir el control de los bienes del Estado.

El procurador del Gobierno Regional de Piura, Segundo Carlos Valdez Rojas, mencionó que el gobernador ha impedido el ingreso de los procuradores a las instalaciones de los locales institucionales, lo cual genera un grave perjuicio al trabajo de fiscalización.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Mencionó que, desde el inicio de la gestión, el 3 de enero del 2023, el personal de seguridad del local institucional les indicó que, por órdenes de la dirección general, no podían ingresar a los locales institucionales, por lo que llamaron a la policía para el levantamiento de un acta.

“De acuerdo a la norma solo el procurador general de la República puede realizar el cese de algún procurador. El único ente rector es la Procuraduría Pública General del Estado, el único que nos puede cesar en materia de funciones, después de un proceso administrativo completo”, señaló el procurador.

El funcionario denunció que son una serie de hostilidades contra la oficina de Procuraduría ejecutadas por la alta dirección que administra Luis Neyra; por lo que hicieron llegar notificaciones indicando que están infringiendo la norma; sin embargo, no hicieron caso.

PUEDES VER: Gobernador de Piura: “No fue específica sobre acciones de prevención"

Investigación

Por su parte, el procurador Carlos Otero señaló que han tenido que solicitar la intervención del Poder Judicial para poder seguir laborando. Asimismo, indicó que existe una investigación en el Ministerio Público consignada en la carpeta fiscal n°274-2023, donde se encuentra comprendido el gerente general Jorge Gilberto Cabellos Pozo por abuso de autoridad en la gestión.

El abogado mencionó que parte de la obstrucción de la alta dirección, fue el condicionamiento para la contratación de abogados que necesita la Procuraduría. También señalaron la limitación al trabajo de diligencias y acceso a documentos de los procedimientos de contratación.

PUEDES VER: Dina Boluarte: un mensaje que no colmó expectativas en el norte

No responden a la acusación en Gore Piura

Silencio. Pese a la denuncia pública de los representantes de la Procuraduría, ningún representante del Gobierno Regional de Piura se pronunció al respecto, hasta el cierre de esta edición. Los procuradores registran actas policiales sobre el impedimento de ingreso a las oficinas del Gobierno Regional.