Embarazo infantil: presentan proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación

El congresista Edgard Reymundo Mercado (Cambio Democrático-Juntos Por el Perú) presentó un proyecto de ley que tiene como propósito de despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo en menores de edad. El documento establecería el plazo de 90 días calendarios, a fin de que el Ministerio de Salud elabore una guía que garantice la atención de solicitudes.

Se trata del Proyecto de Ley N.º 5462/2022-CR que modificaría el artículo 119 del Decreto Legislativo 635, Código Penal denominado "Aborto terapéutico o en embarazo en menores de 14 años". De aprobarse esta iniciativa, no se condenaría el aborto practicado por un médico en todos los supuestos de embarazo en menores de 14 años.

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Cabe señalar que, actualmente, el aborto es despenalizado siempre que sea practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

Unicef ​​​​pide despenalizar el aborto por violación

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ratificó el llamado a Perú para que despenalice el aborto por violación, una de las disposiciones contempladas en el fallo del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que condenó al Estado peruano por violar los derechos de una niña indígena impedida de acceder a una interrupción legal del embarazo.

La agencia de la ONU consideró que se trata de un “dictamen histórico para la región” y “un llamado para fortalecer la aplicación del enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes en las y los operadores de sus diversos servicios”.

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Perú vulneró los derechos de una niña víctima de violación

Se trata de una menor de 13 años que pertenece a una comunidad campesina de los Andes del Perú, en Apurímac. Tras conocer sobre su embarazo, ella fue llevada por un familiar a un hospital, donde no se prestó ninguna atención al deterioro de su salud mental, según los hechos relatados en la decisión jurídica emitida por el órgano de Naciones Unidas.

Una ONG local ayudó a la víctima y, según la legislación nacional, solicitó un aborto terapéutico para ella. De forma paralela, la niña pidió la terminación voluntaria del embarazo al fiscal que investigaba el caso; sin embargo, no obtuvo respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.