Sunedu: ¿en qué van las demandas de oposición a la ley de contrarreforma presentadas al TC?

La Ley 31520 —promulgada por insistencia en el Congreso y mayormente conocida como contrarreforma universitaria— busca reestructurar la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), eliminar la elección por concurso público de profesionales para estos puestos, y otros puntos más que debilitan a la institución. Para ello, diversos organismos se han pronunciado y tomado cartas en el asunto para frenar su ejecución. ¿En qué situación se encuentran las demandas presentadas ante el Tribunal Constitucional sobre este caso?

Sunedu: ¿en qué van las demandas ante el Tribunal Constitucional?

Existen tres demandas con destino al TC sobre el caso de la Sunedu: la presentada por el Congreso, aquella promovida por la Defensoría del Pueblo y la última de la asociación Foro Educativo próxima a enviarse.

En la primera, un grupo de 33 parlamentarios —mayormente de Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial y Renovación Popular— enviaron al TC una demanda sobre la Ley n.° 31520, norma que ellos mismos promovieron y aprobaron. En palabras sencillas, interpusieron una medida “contra” su ley.

Según la Sunedu, detrás de esta maniobra, el Congreso buscaba perder y, por ende, la ley pasaba a ser constitucional y entraba en vigencia. En efecto, la demanda fue admitida y resuelta en un corto plazo; es decir, el TC oficializó sentencia y cedió ante el Congreso para cambios en la institución.

Pero ¿ya se puede aplicar la ley en cuestión? El abogado César Azabache recuerda que esta norma está suspendida por orden judicial de julio de 2020, a causa del amparo presentado por la Sunedu contra el Congreso. “Esa orden sigue vigente”, señala el experto. Su colega Walter Albán afirma que mientras el caso no haya sido resuelto por el Poder Judicial, aún no puede aplicarse.

Para el abogado Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), existe un “contubernio” entre el TC y los congresistas para golpear a la Sunedu: “Los magistrados les han seguido el juego. Esto ha sido un teatro en el que han presentado una acción de inconstitucionalidad para perder, con pésimos argumentos”.

En contra parte, se encuentra la segunda demanda que corre por cuenta de la Defensoría del Pueblo. A diferencia de la del Parlamento, esta aún no es admitida por el TC.

“Nuestros argumentos son distintos a los de los congresistas. Tenemos una lógica diferente donde se discute la calidad y que el derecho a la educación, al ser un derecho social, no puede retroceder”, sostuvo el adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría, Alberto Cruces.

La última medida, próxima a llegar al TC, es la de la asociación Foro Educativo. Esta demanda tiene el respaldo de más de 9.800 ciudadanos. Sus firmas ya fueron validadas por Reniec y Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A más tardar, el lunes 16 de enero se presentaría al organismo.

“El principal argumento, desde nuestra acción como sociedad civil, es la defensa de la calidad de la educación superior. La necesidad de que el Estado sea garante del derecho a la educación y de las condiciones mínimas de calidad”, refiere Yolanda Rojo, presidenta de la referida asociación sin fines de lucro.

Contrarreforma universitaria: ¿cuál sería el camino para frenar ley del Congreso?

De acuerdo a Eloy Espinosa-Saldaña, exmagistrado del Tribunal Constitucional, se debería recurrir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar la ley de contrarreforma universitaria del Congreso.

El letrado sugiere presentar el caso ante la institución por dos temas: la denegación de justicia y la educación en condiciones de calidad.

En el primer aspecto, porque en vez de permitir que se discuta en un amparo si se estaba violando el derecho a la educación o no, se ponen por encima de ese amparo con el pronunciamiento del TC. Sobre el segundo punto, debido a que “tiene que haber ciertos parámetros de calidad, que tiene que asegurar cada Estado”.

Si se agotan las vías internas, se podría recurrir a la CIDH ahora mismo porque el Congreso ni siquiera ha realizado un reglamento para su ley aprobada. “El Foro Educativo; la misma Defensoría, cualquier ciudadano puede ir. Si la Comisión hace suyo el caso, lo lleva la Corte IDH”, sostuvo.