Una semana después de que el Tribunal Constitucional (TC) validara la ley que incorpora en la Sunedu a los representantes de universidades elegidos por los mismos rectores, una nueva propuesta surge para frenar esta norma: que el Poder Ejecutivo presente un proyecto al Congreso para su derogatoria.
Entre los que hacen este llamado figura Foro Educativo –también impulsor de una acción de inconstitucionalidad–, el cual exige que la medida sea presentada con carácter de urgencia “en coherencia con la sentencia judicial que anticipó su inconstitucionalidad”. “Esta norma impide la calidad de la educación superior”, afirmó.
Esta asociación sin fines de lucro añadió que la demanda de 33 congresistas sería “una manipulación tolerada por el TC a favor de los intereses de quienes respaldan a las universidades no licenciadas”.
En esa línea, el abogado Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), también propone que el Ejecutivo, el cual dejó entrever su apoyo a la reforma, presente un proyecto de ley, en coordinación con las universidades, a fin de corregir la norma y mejorar aspectos para el concurso público del consejo directivo de la Sunedu. “El sistema universitario debe plantear un proyecto porque una ley se corrige con otra ley”, sostuvo.
La Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) se suma al pedido de derogar la denominada contrarreforma. No obstante, considera que hay más posibilidad de que esto se dé desde un nuevo Parlamento que en el actual Ejecutivo, cuyo planteamiento ha sido reglamentar la ley, según la última reunión entre la presidenta Dina Boluarte, la Sunedu y las autoridades educativas.
“Habrá un Congreso, porque no creo que este –que aparentemente termina el próximo año– sea el único y último. Debe haber otros, donde ingrese otro grupo, que piense en el futuro de la mayor parte de peruanos y quiera una educación de calidad, donde deroguen esta ley”, afirmó el presidente de la Aunap, Américo Guevara, también rector de la Universidad Agraria La Molina.
La vicepresidenta del TC, Luz Pacheco, quien considera que dicha ley no afecta derechos constitucionales de autonomía universitaria y el deber del Estado de vigilar la calidad educativa, argumenta que aunque hubieran declarado la inconstitucionalidad, esto solo alcanzaría a nuevas disposiciones y no a lo derogado. “Es una facultad del Congreso derogar normas. La Constitución dice que una ley solo se deroga por otra ley”, dijo.
El Consorcio de Universidades, integrado por la Católica, Cayetano Heredia, Pacífico y la de Lima, manifestó que con la decisión del TC, el sistema universitario sufre un retroceso y pone en riesgo el derecho a la educación de calidad. “Convalida la pérdida de autonomía de la Sunedu”, puntualizó.
Ratificó su llamado a la presidenta Dina Boluarte a definir su posición en torno a esta situación y expresó su respaldo y participación en acciones judiciales contra la ley.