TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Universitaria

Esta tarde, se dio a conocer que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Universitaria. En su momento, el objetivo de los parlamentarios era contar con el apoyo del organismo. Sin embargo, estos tomaron otra decisión respecto a la normativa.

“La demanda fue presentada por el 25% del número legal de congresistas contra la Ley 31520, Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas; y el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451. En razón a que contraviene la autonomía universitaria. En dicho proceso, el Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda”, se lee en el comunicado.

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Cabe resaltar que en su momento el procurador público especializado en materia constitucional y representante de la Sunedu, Luis Huerta Guerrero, indicó que no había sustento alguno a la demanda formulada por los parlamentarios. Por lo que si se declaraba infundada pasaba a ser constitucional y debería ser acatada.

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“Se ha presentado una demanda contra una ley, no porque se tiene convicción de que la ley es inconstitucional. No hay defensa de la demanda. Hemos escuchado argumentos que caracterizarían una vulneración del debido proceso porque la norma impugnada no ha sido objeto de un análisis. No hay parte demandante en este proceso”, precisó.

Asimismo, recalcó que la decisión tomada por los 33 congresistas tenía como función desnaturalizar la creación del Consejo Directivo de la Sunedu tras incluir a los representantes de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

“La participación de la Sunedu buscó demostrar que la ley de contrarreforma universitaria es inconstitucional en la forma porque desacata una sentencia judicial que ya se había notificado al Congreso, se promulgó después de la notificación de la sentencia, su publicación es parte de un procedimiento legislativo declarado nulo, además, que no es válida ni se encuentra vigente. En materia de fondo, porque ya existe jurisprudencia del TC sobre la materia, constituye violación del derecho a la cosa juzgada, al derecho educación y a la competencia estatal en materia de educación”, recalcó a los medios de comunicación.