El Poder Judicial de Pucallpa dictó cadena perpetua para un hombre que ultrajó a su hija desde que esta cumplió 13 años. En esa línea, el sentenciado, quien pertenece a la comunidad shipibo-konibo, intentó usar su condición cultural para disminuir la sentencia.
El sujeto y su defensa sostuvieron que debido a su crianza no comprendía la magnitud de su accionar contra su menor. No obstante, se pudo demostrar que el padre ostentaba suficiente capacidad intelectual para entender el daño que causaba.
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Se comprobó que el reo nunca tuvo remordimiento de sus acciones. Incluso, volvió a agredirla nuevamente en el 2021 y la amenazó con no dejarla iniciar sus estudios universitarios.
“Fundamento destacado. 2.24. La defensa alega la condición cultural del acusado por pertenecer a una comunidad nativa- shipibo konibo a efectos de que ello permita graduar la sanción en límites inferiores al previsto en la ley penal; es decir, el pertenecer a una comunidad nativa según la tesis de la defensa importaría una disminución de la condena. Sin embargo, no se ha fundamentado el sustento fáctico para que ello pueda ser considerado por este órgano jurisdiccional como un indicativo de que el acusado, debido a su condición cultural, no pudo comprender o entender la magnitud del daño que su accionar generó en su hija. No basta únicamente con pertenecer a una comunidad nativa para pretender beneficios inmerecidos de la ley penal, ya que el acusado —conforme ha declarado en juicio oral— trabajaba en el magisterio y no solo era docente bilingüe, también fue director de un centro educativo”, se lee en el documento.
Por otro lado, el sentenciado solicitó tener en cuenta que él tiene que mantener a otros tres menores, por lo que deberían imponerle una pena menor. El juez se negó a la petición, ya que no resulta suficiente considerar la disminución de la pena en atención a ese argumento. Además, la defensa no acreditó que el acusado sea responsable de alguna carga familiar.
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Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.