Defensoría del Pueblo solicita archivar el salvataje para 11 universidades
Contrarreforma. Institución envió oficio al presidente del Congreso por proyecto que busca dar una nueva oportunidad a privadas asociativas denegadas. “Es incoherente”, dice.
Ya se cumplió un año desde su presentación y en el Congreso insisten con el debate del proyecto de ley que busca dar un salvataje a 11 universidades privadas asociativas que no lograron su licenciamiento, entre ellas la Garcilaso de la Vega, la Néstor Cáceres Velásquez, de Puno, y la José Carlos Mariátegui, de Moquegua.
El último mes se volvió a incluir en la agenda del Pleno este dictamen que acumula las iniciativas de Darwin Espinoza (Acción Popular), así como las de Wilson Quispe (Perú Libre), Esdras Medina y Edgar Tello, quienes han estudiado en instituciones no licenciadas (la Garcilaso, la Uladech y la Néstor Cáceres).
Tras ello, la defensora del Pueblo (e), Eliana Revollar, envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams, en el que expresó su preocupación y solicitó el archivamiento de dicha iniciativa, la cual consideran un “retroceso” en la política de aseguramiento de la calidad de educación universitaria.
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Apoyo. Alumnos de casas de estudio sin licencia podrán registrar sus grados y títulos. Foto: Flavio Matos/La República
“Es incoherente admitir una disposición que permita que universidades privadas que demostraron incumplir con las condiciones básicas de calidad tengan una segunda oportunidad”, señala en el documento remitido el 2 de noviembre.
Asimismo hace referencia a que ya existe un proceso de licenciamiento —aprobado por la Sunedu— que les permitiría presentarse a una nueva solicitud. No obstante, la diferencia con el proyecto en cuestión es que este último solo les exige subsanar las condiciones incumplidas. Esto implica que lo hagan bajo un esquema anterior y no con la nueva evaluación —más exigente— de la superintendencia.
La Defensoría cuestiona además el test de igualdad, con el que los autores de la norma equiparan a la universidad pública denegada con la privada asociativa. “Es jurídicamente impreciso. La realidad legal y social de una pública, que funciona con recursos públicos, no es asimilable a una privada asociativa”, dice.
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Agrega que, por coherencia, si se aplica ese criterio, el dictamen también debería alcanzar a las universidades societarias.
A la espera de cambios
Mientras tanto, como lo informó este diario, hay universidades asociativas que dicen que se someterían a nueva evaluación de las condiciones de calidad, pero que también están a la expectativa de que se apruebe esta norma, así como la otra que cambia la conformación de la Sunedu.
Estas instituciones justamente integran una asociación que se ha reunido en varias oportunidades con los legisladores que promueven el también llamado salvataje.
El documento
Este mes, la defensora Eliana Revollar envió oficio al presidente del Congreso, José Williams, solicitando archivar el proyecto.
Documento Defensoría