Más de 20 universidades denegadas seguirán operando en los próximos tres años

Al menos 22 universidades con licencia denegada han ampliado el plazo del cese de sus actividades para los años 2023, 2024 y 2025, periodos en los que deberán continuar con la emisión de grados y títulos, pero no convocar a exámenes de admisión.

En este plazo, además, pueden volver a solicitar el licenciamiento a la Sunedu, como dice que lo hará la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ahora a cargo de una administración concursal tras la salida del rector Luis Cervantes Liñán, denunciado por haber ganado más de S/2 millones mensuales.

A esta nueva evaluación de las condiciones básicas de calidad también tienen previsto someterse otras universidades privadas como la Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech), la Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Puno, y la José Carlos Mariátegui, de Moquegua.

No obstante, algunas están a la expectativa de que se ejecute la ley de ‘autonomía universitaria’, que cambia la conformación de la Sunedu, y de otra iniciativa del Congreso —a punto de debatirse en el pleno— para que universidades asociativas (sin fines de lucro) denegadas tengan una segunda oportunidad, con un plazo de dos años, a fin de que subsanen las exigencias incumplidas. Esto implica que lo hagan bajo el esquema anterior y no con la nueva evaluación —más exigente— de la Sunedu.

A la espera del Congreso

Néstor Cáceres Velásquez recibió su denegatoria en marzo del 2020, tras lo cual pasó de 35.000 a los 7.000 alumnos que registra a la fecha. Ahora, asegura, se presentará a un licenciamiento bajo el modelo 1.5, que es más exigente. Pero ya no lo hará con 24 carreras, sino solo con 10.

“Se ha hecho un estudio de mercado para ver qué carreras cumplen con las condiciones básicas de calidad (...) Ahora iremos con 10 carreras, siendo más realistas y de acuerdo a lo que necesite el mercado”, dice el asesor jurídico Hugo Cavero.

Agregó que, de forma independiente al proyecto para una segunda oportunidad, la universidad avanza con el modelo más exigente. Sin embargo, “si se aprueba, a buena hora, nos beneficiaría, porque las condiciones del modelo 1.5 son mayores”.

Esta institución amplió su plazo de cese hasta diciembre del 2024, similar a la José Carlos Mariátegui, donde esperan el cambio del Consejo Directivo de la Sunedu en el marco de la ley de ‘autonomía’, también conocida como contrarreforma universitaria.

A partir de quienes serían los nuevos integrantes, se presentarán al licenciamiento. “Van a tener posiblemente una política diferente de trabajo”, señala Delfín Bermejo, su vocero.

El padre Juan Rodríguez, rector de la Uladech, que pasó de 24.000 a 11.000 alumnos, indica que tiene previsto presentarse este fin de año a un licenciamiento bajo el modelo más riguroso. “Pese a que pertenecemos a la asociación donde se logró el proyecto de ley (de segunda oportunidad), considero que nuestra universidad debe presentarse con el modelo 1.5. Lo que sí es que la Sunedu debe ser completamente técnica”, dice.

El grupo al que hace referencia es integrado por 7 universidades sin fines de lucro, incluidas las mencionadas. Esta se ha reunido en varias oportunidades con congresistas promotores del salvataje.

“Sin capital para licenciamiento”

Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, advierte que la mayoría de las universidades asociativas denegadas no tiene capacidad económica ni financiera para presentarse al licenciamiento. Por ello, el Minedu propuso su intervención para proteger a los alumnos y que su infraestructura pase a las públicas.

La clave

En el 2020, la Sunedu estableció que las denegadas podían ampliar su plazo de cese hasta por tres años más. Para ello debían cumplir con obligaciones y presentar un plan de operaciones. Las 22 universidades que lo hicieron tenían 68.000 alumnos al no ser licenciadas.

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