El programa nacional de alimentación Qali Warma confirmó que resolvió contratos con consorcios de proveedores de las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca por la presentación de presuntos certificados falsos de inocuidad de los productos que vendieron.
La Procuraduría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha iniciado acciones legales contra Consorcio Milagroso San Lorenzo, Consorcio Cibeles y Consorcio Atlanta, en Piura; el Consorcio Proa Corporation y Consorcio Milagroso San Lorenzo, en Lambayeque; y Consorcio Megalogística, en Cajamarca.
En todos los casos, los contratos fueron resueltos con estas empresas y ahora están prohibidas de participar en el proceso de compras del periodo 2023.
La entidad informó a La República que las empresas saben que, según el Manual del Proceso de Compras, cuando se detecta la presentación de documentos fraguados, Qali Warma sanciona al proveedor con la anulación de los contratos y la inhabilitación para participar en la siguiente convocatoria.
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Sin embargo, los proveedores insistieron en que la resolución de Qali Warma es arbitraria y no descartan que se trate de una acción para impedir que intervengan en la campaña de 2023 a fin de favorecer a otras empresas, probablemente relacionadas con el financiamiento de la campaña presidencial de Pedro Castillo.
Los proveedores consultados manifestaron que, según el Manual del Proceso de Compras, los funcionarios de Qali Warma son los responsables de la comprobación de los documentos que presentan las empresas durante la postulación y la liberación de los productos.
“Qali Warma tiene plazos y tiempo más que suficiente para la verificación y validación de los documentos que recibe durante todo el proceso, es su obligación hacerlo antes y no después del consumo de los productos por parte de los niños. Sin embargo, cuando encuentra presuntas irregularidades en la documentación —y no en los productos, es importante decirlo—, Qali Warma atribuye la responsabilidad a los proveedores, nos rescinden los contratos y nos prohíben participar en el nuevo proceso de compras. Este tipo de inconducta totalmente injusta nos perjudica”, señalaron las fuentes que pidieron no ser identificadas para evitar las represalias.
Los empresarios añadieron que ellos compran los alimentos a los fabricantes de los productos y que estos son los que gestionan los respectivos certificados de inocuidad a las entidades correspondientes.
“Nosotros confiamos en que los documentos están validados y que luego Qali Warma verificará la información, como dispone el Manual de Compras”, explicaron los proveedores. “Pero ¿qué hace Qali Warma? Cuando encuentra alguna irregularidad en la documentación, nos achaca la responsabilidad, nos rescinde los contratos y nos inhabilita para intervenir en el siguiente proceso de compras, en este caso de 2023″, continuaron.
Esta política de perjudicar arbitrariamente a los proveedores ha sido impuesta por el director ejecutivo del programa, Fredy Hinojosa; el jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, Omar Medina Manco; y la coordinadora técnica de la misma entidad, Neisme Revilla Montes.
“Estos funcionarios saben que los laboratorios que emiten los certificados solo responden a requerimientos de información de sus clientes. En este caso, a los fabricantes de los productos o de un organismo superior”, precisaron.
“En lugar de establecer mecanismos de verificación de los certificados por parte de los proveedores y de los consumidores finales, Hinojosa, Medina y Revilla ordenan rescindir los contratos e inhabilitar, sorteando de esta manera su responsabilidad”, anotaron.
“Estos funcionarios conocen esta deficiencia en el sistema e inventan un supuesto mecanismo de control posterior de documentos con la única intención de eliminar a las empresas que no se alinean a sus intereses particulares”, indicaron.
En 2021 se registraron hechos similares. Alrededor de 20 proveedores fueron afectados por la resolución de los contratos bajo la supuesta presentación de documentos falsos. Sin embargo, 19 de ellos iniciaron procesos arbitrales contra Qali Warma.
“Se ha ganado la mayoría de arbitrajes, demostrándose que la dirección de Qali Warma tiene prácticas abusivas”, indicaron.
También informaron que en el Manual de Compras de 2023 se ha incluido la inhabilitación a los proveedores que entregaron supuestos certificados falsos en el periodo 2021.
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“Esos contratos ya fueron liquidados con la respectiva conformidad del servicio, por lo tanto, lo que se pretende es aplicar un manual de forma retroactiva, lo que es irresponsable e ilegal”, señalaron.
“Además de resolverse los contratos a proveedores, estos quedan en la condición de inhabilitados para sucesivos procesos de compras, incluido el proceso de compras 2023, en salvaguarda de la salud de los millones de niñas y niños del programa con cobertura a nivel nacional”, precisaron.
Los proveedores cuestionaron justamente dicha resolución de Qali Warma.
“En el Manual de Compras de 2023 se ha incluido un párrafo con la finalidad de impedir la postulación de las empresas que ya tienen contratos liquidados y con conformidad de servicio. Y quieren aplicar ese manual retroactivamente para afectar los procesos de años anteriores. Esto es responsabilidad del director Fredy Hinojosa”, apuntaron.
“Sabemos que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, está informada del caso y esperamos que actúe conforme a las normas”, concluyeron.
Qali Warma es un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que busca garantizar la alimentación de los alumnos de colegios públicos a nivel nacional. Fue fundado en el mes de mayo del 2012 durante el gobierno de Ollanta Humala.