Por fuera eran discotecas, videopubs y saunas, pero por dentro se explotaba sexualmente a ciudadanas extranjeras, principalmente colombianas y venezolanas. Ayer, en un megaoperativo desplegado en cinco distritos de Lima, la Policía y la Fiscalía incautaron 11 inmuebles y 8 vehículos de la organización ‘Los Intocables de Lima Sur’, que se dedicaba a la trata de personas.
El general Jhonny Veliz Noriega, jefe de la Dirección contra Lavado de Activos de la PNP, explicó que estos locales fachada se encuentran en Lince, Chorrillos, La Victoria y Barranco, como el caso de la discoteca Angelos Club, ubicada en la cuadra 65 de la avenida República de Panamá. Allí se hallaron cuartos que eran usados para la prostitución clandestina.
Asimismo, en Miraflores se logró intervenir tres viviendas que eran llamadas “casas de acogida”, donde la organización criminal retenía a las mujeres extranjeras y luego las obligaba a ejercer la prostitución en las discotecas o bares.
“Nosotros ejecutamos 29 medidas cautelares para incautar 11 inmuebles y 18 vehículos, en total. Ayer, nos faltó localizar 10 vehículos, pero ya están con orden de captura. Los locales eran para consumar la trata de personas y las camionetas y camiones eran fruto de las ganancias obtenidas por esta ilegal actividad”, explicó el coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Francisco Avellaneda.
En tanto, el fiscal a cargo del caso, Luis Aguirre Ñaupari, precisó que estos inmuebles y bienes pasarán a poder del Estado. Dijo además que semanas atrás la Fiscalía contra la Trata de Personas logró que el Poder Judicial ordene la prisión preventiva contra 8 miembros de ‘Los Intocables del Sur’, cuyo líder es Miguel Ángel Vega Alva.
“Los otros 12 integrantes, también peruanos, son investigados y se trabaja con Interpol porque se presume que están en el extranjero”, señaló el coronel Anderson Reyes, director de Lavado de Activos de la Policía.
Según las pesquisas, la mafia reclutaba mujeres colombianas y venezolanas desde sus lugares de origen. A ellas les ofrecían trabajo legal y les decían que iban a pagar su traslado. Sin embargo, una vez que llegaban al país las sometían con amenazas a la prostitución en esos negocios de fachada, hasta que paguen la deuda contraída. Lo hacían desde fines del 2019.
El fiscal Aguirre aclaró que todo lo incautado tiene un valor cercano a los 3 millones de dólares. “Con las ganancias exorbitantes que obtenía la organización criminal, sus testaferros -familiares y amigos- adquirían propiedades”.