El Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reveló fotografías satelitales que demuestran cómo comunidades menonitas han deforestado 90 hectáreas de bosques en el distrito de Padre Márquez, en Loreto, entre agosto y septiembre de este año.
La misma organización recalca que a pesar de la extensa evidencia proporcionada por imágenes vía satélite, los miembros de la colonia menonita han negado reiteradamente ser los autores de esta catástrofe ambiental.
Continúa las denuncias hacia las comunidades menonitas por deforestación ambiental en la Amazonía peruana. Foto: Planet/Skysat, MAAP.
Un informe del Proyecto MAAP, de diciembre de 2021, se devela que en el 2017 las colonias menonitas deforestaron casi 4.000 hectáreas de la Amazonía peruana. En los distritos de Masisea y Tierra Blanca, de la región Ucayali, se reportaron pérdidas de 918 y 2.628 hectáreas respectivamente, mientras que en Padre Márquez, en Loreto, el número asciende a 421 hectáreas de bosques perjudicados.
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Asimismo, se advierte que la deforestación ha llegado no solo a terrenos de la comunidad nativa Buenos Aires, en Pasco, sino también a los límites del Área de Conservación Regional Imiría, ubicada en Masisea, Ucayali.
Se han detectado colonias menonitas en Loreto y Ucayali. Foto: MAAP
Según una investigación publicada por la Universidad McGill de Canadá, los menonitas son una rama del cristianismo anabaptista que llevan el nombre de su líder religioso, el holandés Menno Simmons. Esta secta surge a raíz de la reforma protestante del siglo XVI y tiene como principios la no violencia, un fuerte apego a la tierra y el aislamiento de lo que ellos consideran “el mundo exterior”.
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Según la Enciclopedia mundial anabaptista menonita en línea, hasta el 2015 se habían registrado 200.000 menonitas asentados en América Latina, siendo las colonias más extensas las de América Central (50.000), México (34.000), Paraguay (35.000), Bolivia (27.000) y Brasil (15.000).
Una de las últimas denuncias en esta parte del continente americano se dio en Colombia en el 2021, cuando tres comunidades indígenas sikuani denunciaron que durante seis años miembros de este grupo religioso construyeron caminos y 41 kilómetros de alumbrado en más de 29.000 hectáreas, lo que ocasionó daños ambientales en un lugar reclamado como territorio ancestral desde 2017.