Crissthian Olivera: Corte IDH ve por primera vez caso de discriminación por orientación sexual en Perú
Tras 18 años de litigio, el caso de Cristhian Manuel Olivera contra el Estado peruano llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación por orientación sexual y muestras de afecto en público.
Un hecho de discriminación por orientación sexual llevó a Perú a los tribunales internacionales. El último 24 de agosto, Crissthian Olivera, defensor de derechos LGTBIQ+, se presentó en la audiencia pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos de discriminación por orientación sexual y expresión de género que sufrió —hace 18 años— por parte de la empresa Santa Isabel, Indecopi y el Poder Judicial.
El 11 de agosto de 2004, el afectado fue discriminado en el supermercado Santa Isabel, en el distrito de San Miguel, Lima, cuando se encontraba comprando con su pareja del mismo sexo. Según el testimonio brindado por Olivera en la audiencia, ellos fueron amonestados por el personal del local cuando se encontraban leyendo una carta románticamente.
En ese momento, un miembro del personal de seguridad del supermercado se acercó y les comunicó que debían cesar su comportamiento, ya que este no se encontraba permitido en el local. Luego, Cristhian reclamó esta situación y se aproximaron tres personas más del personal del negocio, quienes le pidieron que se retirara del establecimiento.
Minutos después, una trabajadora del personal administrativo les dijo que no podían acariciarse porque otro cliente se había “quejado” sobre las demostraciones de afecto entre dos hombres, ya que perjudicaba a su menor de edad, con quien se encontraba en el lugar. “Ella nos explicó que la intervención que se estaba dando en ese momento obedecía a una queja que había presentado un cliente que se encontraba con su menor hija o hijos, no se sabe, porque la persona nunca fue identificada. Constantemente nos reiteraban que no podíamos efectuar estas muestras de afecto frente a los menores”, relató Crissthian.
Tras este hecho, en el mismo año, Olivera presentó una denuncia ante Indecopi. El proceso ante esta entidad motivó más acciones de discriminación debido a que aportaron como prueba un informe psiquiátrico que señalaba que la homosexualidad era una “desviación mental”; es decir, que la expresión de conductas homosexuales en público tiene efectos nocivos sobre los niños.
Por su lado, el agraviado también presentó las propias: su testimonio, videos y documentales sobre la situación. Pero tales fueron rechazadas, a pesar de las apelaciones mostradas.
Ante la denegación de esta entidad, Crissthian se apersonó, durante el 2006, ante la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, órgano que en junio de 2008 declaró infundada la solicitud de nulidad de resolución de Indecopi.
“Estoy absolutamente convencido de que yo no cometí ninguna infracción, ningún delito, ninguna falta y en ese sentido es que recurrí a la justicia del Perú con la esperanza de que dijeran que lo que se había cometido era discriminatorio”, declaró Crissthian ante las juezas y jueces del tribunal.
El caso es del 2004 y se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos de Crissthian Olivera Fuentes. Foto: La República
PUEDES VER: Agosto es el mes de audiencias decisivas para los derechos de personas y familias LGTBIQ+ en Perú
Este 23 de agosto del 2022, Cristhian se presentó ante la Corte IDH, donde enfatizó que en el Perú la discriminación estructural contra las personas LGTBIQ+ persiste. “No es que pueda salir de la mano con mi pareja sin correr un nivel de riesgo. De hecho, no han cesado los crímenes de odio”, explicó. Además, mencionó que las personas de esta comunidad evitan denunciar porque no quieren perder el tiempo, ya que “hay mucha desconfianza hacia el sistema de justicia peruano”. Asimismo, comenta que su caso “representa” tal escenario. “Yo creo que nadie quiere pasarse 18 años buscando justicia”, lamentó.
“Con su interrogatorio, el Estado confirma su grave responsabilidad y reitera la discriminación y estigmatización a la que sometió a Crissthian por su denuncia durante todo el procedimiento administrativo y el proceso judicial en Perú”, comentó la directora de Demus, Cynthia Silva en la Corte.
En tanto, el Estado y las organizaciones copeticionarias —como la Demus, Synergia y Líderes en Acción— tienen hasta el 26 de septiembre próximo para presentar sus observaciones finales ante el tribunal interamericano.
La sentencia en el caso de Cristhian marcará procedentes claves en la lucha por el derecho de acceso a la justicia para personas LGTBIQ+ en el Perú y en la región.
“Mi solicitud es que me crean, porque he esperado casi 18 años para que lo hagan. Todo este tiempo mi palabra ha sido ninguneada, no ha carecido de valor, sino que la han despojado de credibilidad”, pidió Crissthian tras casi dos décadas de lucha.
