San Marcos: ¿qué advertencia le dio el Minedu y la Sunedu a Jerí Ramón?
La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pretende designar a 2 representantes de las universidades públicas para el Consejo Directivo de la Sunedu este viernes 19.
La rectora de la Universidad San Marcos, Jeri Ramón, planea elegir este viernes 19 de agosto a los dos representantes de las casas de estudios superiores públicas para el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a pesar de que la Ley 31520, que promueve la contrarreforma universitaria aprobada por el Congreso, se encuentra suspendida por orden judicial.
El 13 de julio, el Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de amparo presentada por la Sunedu contra la Ley 30220, “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, la cual modificaba los artículos 1, 12, 15, 17 y 20 de la Ley Universitaria.
De esta manera, el Consejo Directivo de dicha entidad pasaría de tener cinco a siete integrantes, entre otros cambios.
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Minedu envía advertencia a la rectora de San Marcos
La República obtuvo acceso a los oficios que envió el Ministerio de Educación (Minedu) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a la autoridad, los cuales le recuerdan que la Ley 31520 está suspendida.
Además, el mismo ministro Rosendo Serna aclaró que, una vez que dicha ley entre en vigencia, “le corresponderá al Minedu convocar al proceso de elección de representantes de universidades ante los órganos colegiados”, como detalla la octava disposición complementaria final de la Ley Universitaria.
Por lo tanto, si se activa la contrarreforma universitaria, no podrá ser ejercida por los rectores sin ningún control, como sucedía antes con la ANR.
A su vez, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, no solo le notificó notarialmente a la rectora de San Marcos que no procede ninguna elección de representantes por la suspensión de la norma, sino que también le advirtió que “el incumplimiento de la sentencia del Poder Judicial puede acarrear una responsabilidad administrativa en los funcionarios y servidores públicos, pudiendo ser sancionados con la destitución del cargo”, tal como apunta el Nuevo Código Procesal Constitucional.
Esta posible destitución, agregó, podría darse además de la responsabilidad penal; es decir, la posible denuncia por desobediencia a la autoridad.