“Ustedes se han equivocado de persona. Por favor, yo trabajo en la Policía”. Así reaccionó Adolfo Gamero Díaz, quien supuestamente fomentaba la formación de valores en niños y adolescentes, cuando agentes llegaron hasta su casa, en Arequipa.
Él fue detenido junto con otros 39 peruanos, acusado de conformar la organización criminal ‘Deep Porn’, integrada por 255 miembros de Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, México, República Dominicana; así como Honduras, Nicaragua, El Salvador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Letonia.
Este grupo de WhatsApp fue creado en el 2019 por un ecuatoriano para compartir pornografía infantil en videos e imágenes de menores de entre 10 y 16 años. A los 40 detenidos se les incautó 32 celulares, 20 USB, 7 laptops, 33 memorias macro SD, una memoria externa de 1 TB y un CPU en un megaoperativo ejecutado en 16 regiones.
“En total son 77 los peruanos implicados en esta red internacional”, confirmó el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina.
Precisó que los 40 detenidos habrían compartido más de 10.000 imágenes de pornografía infantil. “Primero les mandaban lo que ellos tenían y esas fotos y videos los iban vendiendo”. Así, estos mensajes fueron rastreados por agentes de la PNP, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada y la Oficina de Seguridad Nacional de EE. UU.
Pruebas. Mensajes fueron rastreados por la Policía. Foto: difusión
“En Lima tuvimos 21 objetivos en distritos como La Victoria, Lince y Los Olivos”, dijo Chávez.
Con Gamero fueron arrestados Jonathan Manrique, Susan Neyra, Luis Machaca, Édgar y Huarancca, Yoel Vílchez, Elder Martínez, Luis Villegas, Sandra Saavedra, Roy Santy, Albertina Gallardo, Mercedes Cardoza, Tatiana Ramírez, Adrian Cutipa, Claudia Salazar, Nils Chambilla, Edin Flores, Lucas Cuadros y Addys Córdova, entre otros.
“Se han solicitado 10 días de detención preliminar para encontrarles mayores pruebas”, señaló el fiscal superior.
Se debe indicar que la pornografía infantil difundida a través de las tecnologías de la información y de la comunicación es sancionada con una pena de hasta 15 años de cárcel.