Pese a que varios grupos alertaron sobre posibles atentados contra textos escolares que incluyen el enfoque de género u educación sexual, el presidente Pedro Castillo no observó el proyecto de Ley N° 904-2021, el cual reduce el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu). Ante esta situación, el Congreso ya tenía la pauta para solo convertirlo en ley tras seis años de intentos.
Bajo esta medida, diferentes organizaciones conversadoras y ultraconservadoras podrán oponerse a dichos enfoques: sancionar, destituir o vetar algunas páginas que lo consideren “inoportuno”. Ahora, la Ley N° 31498, publicada en el diario El Peruano, especifica que “los padres de familia participen en este proceso de elaboración de programas y contenido de materiales textos y recursos educativos para la educación básica mediante los comités, asociaciones, entre otros”.
“Los representantes de las Apafa, comités, asociaciones civiles u otras instancias de representación inscritas en el registro señalado en el párrafo precedente designarán a los representantes que participarán en el proceso de elaboración del contenido de materiales, textos y recursos educativos conforme al procedimiento que se establezca en el respectivo reglamento”, se lee dentro del artículo 3.
Por otra parte, se dará un plazo para recabar comentarios u observaciones por parte de las organizaciones de padres de familia: período no menor a los 10 días hábiles ni mayor a 20. Cabe resaltar que esto será evaluado y se dará un resultado ante la petición. Tras ello, las asociaciones podrán remitir su posición o comentarios.
“Durante el procedimiento de participación, la entidad pública a cargo podrá convocar a las organizaciones de padres a reuniones virtuales o presenciales para discutir las observaciones y comentarios. Dichas organizaciones podrán ser representadas en tales sesiones por los expertos que acrediten”, se agregó en el artículo 4.
En el artículo 2 se menciona lo siguiente: “La educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política, menos aún de aquellas prácticas que pueden configurar un delito sancionado por lo moral y por el Código Penal Peruano, como es el caso del terrorismo y tipos penales relacionados”.
El impulsor es el congresista Esdras Medina, quien ya venía desde hace muchos años con este pedido.
En entrevista pasada a La República, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, mencionó que esto significaría un retroceso en la implementación del enfoque de género en las escuelas. “Limita las competencias del Minedu para elaborar los materiales y la rectoría del MIMP en sus políticas de género”, indicó.
Así también, la adjunta de la Niñez y Adolescencia, Matilde Cobeña, precisó que esto desconocía el currículo escolar. “Imagina que los padres definan contenidos educativos y que habría que consultarles si se debe enseñar Lenguaje o Matemática. Ellos no están impedidos de hablar directamente con sus hijos. Lo que no pueden hacer es prohibir que un niño conozca sobre educación sexual integral. Prefieren otorgar el derecho a veto y no se escoge la prevención de problemas históricos como la violencia”, acotó.