Chiclayo: rechazan cese de prisión preventiva de empresario por caso El Imperio del Mal

La Tercera Sala de Apelaciones de Lambayeque declaró infundado el cese de prisión preventiva contra el empresario Alejandro Criollo Quispe, quien es investigado por presuntamente integrar la red criminal El Imperio del Mal, banda dedicada al cobro de coimas por la entrega de obras públicas en el distrito de La Victoria, en el período 2015-2018.

La medida fue obtenida por el Ministerio Público, quien, en audiencia virtual, solicitó al Poder Judicial que la orden de prisión preventiva de 18 meses contra el hombre de negocios se confirme en todos sus extremos.

El abogado de Criollo Quispe pedía que su patrocinado cumpla detención domiciliaria, en lugar de una prisión preventiva en el penal de Chiclayo. Además, el letrado refirió que el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, no evaluó de manera objetiva los nuevos elementos de convicción incorporados en la investigación.

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La investigación, a cargo de la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil, determinó que Alejandro Criollo, entre el 2016 y 2018, canceló coimas por hasta S/ 110.000 por haber sido favorecido con dos obras públicas. Los pagos se hicieron a través del exfuncionario Carlos Silva Ramírez, de acuerdo a la declaración de un colaborador eficaz.

En este mismo caso, la Fiscalía postula que Alejandro Criollo ganó proyectos en el Gobierno Regional de Lambayeque por un monto de S/ 11 millones de soles, pese a presentar cartas de líneas de crédito falsas. Como se sabe, Anselmo Lozano llegó a la entidad regional en el 2019, luego de haber ejercido su último período como alcalde de La Victoria del 2015 al 2018.

El Ministerio Público argumentó que no se ha debilitado la sospecha grave de que Alejandro Criollo Quispe, en representación de ACM SR Consultores, se haya comunicado en reiteradas oportunidades con Anselmo Lozano Centurión, entre otros elementos de prueba.

Asimismo, la Fiscalía consideró que la evaluación de los nuevos elementos de convicción que ha realizado el juzgado sí ha sido objetiva, y que no hay justificación para cambiar la prisión preventiva por la detención domiciliaria.

De igual forma, el Ministerio Público detalló que, si bien el investigado padece de presión alta, esta enfermedad no es grave y puede ser controlada; no obstante, aclaró que la defensa legal podría solicitar que la División Médico Legal haga un peritaje a la salud del imputado, previa solicitud ante el Juzgado o la Fiscalía.