Tras un mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo casi a la medianoche, se anunció la inmovilización social obligatoria en Lima y Callao desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m. de este martes 5 de abril como medida a las protestas.
Sin embargo, esto ha sido duramente criticado, no solo por haberse dado de manera tardía cuando la ciudadanía dormía, sino por ser inconstitucional, de acuerdo a la Defensoría.
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“La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta registrado en Lima y Callao”.
Por ello, demandan el cese inmediato de la inmovilización social.
Asimismo, destaca que esta disposición perjudica a la ciudadanía en general, sobre todo a quienes viven del día a día, ya que ven afectado su derecho al trabajo y otros como a la alimentación.
“La orden de inamovilidad no toma en cuenta los severos impactos que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país, la mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado, lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud, educación”.
La Defensoría también resaltó que los estados de emergencia no son mecanismos que se deban utilizar para gestionar conflictos sociales. “Para eso, están los procesos de diálogo que el propio Gobierno ha propiciado y cuyo compromiso de reunirse con los gremios en conflicto está aún pendiente”.
Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, interpuso la demanda de habeas corpus contra el presidente Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry y el ministro de Justicia, Felix Chero “por la vulneración del derecho fundamental a la libertad de tránsito.
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