El reporte de daños del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (Sinpad), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), registró que, hasta el lunes 14 de marzo, 211 personas han resultado damnificadas en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, tras las intensas lluvias que se vienen produciendo en la zona del Alto Piura. Además, otros 2.626 pobladores sufrieron algún tipo de daño, 20 viviendas están destruidas, 85 se encuentran inhabitables y 953 tienen algunos daños.
Asimismo, hasta la fecha, en Ayabaca se ha reportado la muerte de tres personas y la desaparición de otra, producto de los huaicos en los distritos de Ayabaca y Frías. Como se recuerda, el primer fin de semana de marzo, dos adolescentes fueron arrastradas por los deslizamientos, lo que produjo sus muertes. Además, el padre de una de ellas continúa como desaparecido.
derrumbe huancabamba piura. Foto: Huancabamba Noticias
El informe también registra afectaciones en 23 instituciones educativas, dos templos religiosos y cinco locales comunales. Con respecto a los daños a la producción agrícola, 12 hectáreas de cultivo se perdieron y 21 resultaron afectadas. Estos sembríos pertenecían a familias de los distritos de Suyo, Jilili, Sicchez y San Juan de Bigote. En esta última jurisdicción, también se reportó daños en 235 animales.
Por otro lado, Indeci identificó daños en infraestructura de transporte y de riego, lo que repercutirá en una de las principales actividades económicas que se realiza en el Alto Piura, la agricultura. Más de 10.000 metros de canales de riego quedaron destruidos.
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La transitabilidad también se vio interrumpida, luego de que 37.580 metros de trocha carrozable, 1.150 metros de carretera y 1.160 metros de caminos rurales terminaran afectados.
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), se manifestó que las lluvias que enfrenta la región no se encuentran fuera de los rangos normales y que, para evitar que estas generen daños a la comunidad, es prioritario que desde las autoridades provinciales y distritales emprendan trabajos preventivos, así como evitar la construcción de viviendas en zonas de riesgo.