El Ejecutivo oficializó la medida del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por un plazo de 45 días, según el decreto supremo n.º 012-2022-PCM publicado en el diario El Peruano. Esta declaratoria podría extenderse a nivel nacional, según las últimas declaraciones del actual ministro de Defensa.
Bajo esta medida, se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Así también, la Policía Nacional del Perú contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para controlar el orden interno.
Dentro del documento se especifica que se ejecutarán acciones para reducir el alto índice de criminalidad en ambas jurisdicciones. Así también, se establece que la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao se efectuará en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana.
El decreto lleva la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, y de los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia y Derechos Humanos.
El ministro del Interior, Alfonso Chávarri, se presentó en una conferencia de prensa este jueves 3 de enero. Allí, dio algunos detalles sobre la presente normativa. “En este operativo han participado la Policía Nacional del Perú con las Fuerzas Armadas para ir contra la delincuencia y narcotráfico. Lima y Callao, tenemos que bajar los índices de criminalidad”, mencionó.
Sobre el toque de queda, el titular del sector manifestó que no pretendían volver nuevamente a la inmovilización. “No queremos que se malinterprete el estado de emergencia. El personal se ha instruido en cuanto a intervenciones, respetando los derechos humanos. Nuestra lucha es contra la delincuencia, no tienen por qué preocuparse el resto de personas normal”, dijo.
Asimismo, indicó que “las reuniones sociales o fiestas” están restringidas. Lima y Callao actualmente viven una ola de criminalidad muy alta. En estas últimas semanas, se han producido múltiples asesinatos por encargo. El último 2 de enero, dos cuerpos fueron arrojados en el frontis del IPD de Mangomarca, lo que alertó a la población de la zona.