A las 14:48 horas de ayer ingresó a la mesa virtual del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) otra bomba de tiempo, activada por la eventual cancelación del contrato del proyecto Majes Siguas II. Se trata de una carta firmada por la compañía Inland Energy que plantea trato directo. Este procedimiento busca resolver la controversia originada “por el incumplimiento de las obligaciones del GRA que debía suministrar el agua de Majes II” para el desarrollo del componente energético. Inland Energy pertenece a Luz del Sur. Esta compañía, en 2018, obtuvo la concesión para construir la central hidroeléctrica de Lluclla en la sierra de Arequipa. Luego encargó esta concesión a Inland.
El plan era hacer funcionar el proyecto energético con los más de 30 metros cúbicos derivados a las pampas de Majes y de Siguas. Lluclla tenía una proyección para generar 300 megavatios. Así está establecido en el contrato suscrito con el gobierno arequipeño. “Inland rechaza enérgicamente los incumplimientos del GRA e inicia el presente trato directo para salvaguardar sus derechos”, precisa la misiva, también copiada al Ministerio de Economía y Finanzas. Advierten que sin componente irrigacional es imposible desarrollar su proyecto de hidroeléctrica. Según el documento, ya tienen permisos ambientales, arqueológicos y certificaciones listas del Comité de Operación Económica del Sistema Inteconectado Nacional.
La compañía asegura haber entregado una carta fianza al Ministerio de Energía y Minas, como garantía para ejecutar la obra en los plazos previstos. Temen que, de no llevarse a cabo la obra, la fianza podría ejecutarse. También afirman que la indefinición sobre el destino de la obra originó el alejamiento de varios contratistas. “Inland hizo las actividades preparatorias para la construcción de la hidroeléctrica y efectúa la estructuración financiera para comenzar la construcción”, se precisa. En el texto se acusa al GRA que, de manera injustificada, ha impedido la concretización de la infraestructura mayor de riego con la no firma de la adenda 13.
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La no firma de este adicional al contrato originó el alejamiento de la concesionaria Angostura-Siguas. Este grupo empresarial, constituido por la española Cobra, inició la caducidad del contrato de concesión de la obra. La firma de la adenda 13 tiene el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión y algunas observaciones no vinculantes de la Contraloría. El Consejo Regional de Arequipa es el último filtro para aprobarla. Sin embargo, varios de sus integrantes se resistieron a discutirla en medio de polémicas.
Ante el incumplimiento, la generadora eléctrica demanda una solución a la paralización de las obras hidráulicas a cargo de Angostura Siguas.
Sin embargo, sino prospera esta salida demandan el pago del daño emergente que asciende a $ 9 millones. Este concepto corresponde a restitución de pagos e inversiones que ya efectuaron para Lluclla. Además 280 millones de dólares por lucro cesante, lo que dejará de percibir la compañía de quedar trunca la generadora de electricidad.
El representante de Inland Energy, Mile Cacic, recuerda la cláusula 19.5 del contrato: de no arribarse a un consenso en el trato directo, el siguiente camino será un arbitraje internacional administrado por el International Centre for Dispute Resolution, que es la División Internacional de la Asociación Americana de Arbitraje, Estados Unidos. En el contenido de la misiva no se descarta el inicio de acciones legales contra funcionarios y quienes resulten responsables de haber bloqueado la ejecución de las obras hídricas.
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La República intentó contactarse con el GRA para conocer sus reacciones. El gerente de Autodema, Arturo Arroyo, dijo que era el ejecutivo regional quien debía responder. Días difíciles para el GRA acorralado no solo por Cobra que estima daños y perjuicios por $ 220 millones y ahora la de Iland que exige 289 millones.
La advertencia de Inland Energy de interponer un arbitraje contra el Gobierno Regional de Arequipa por la construcción de la hidroeléctrica Lluclla, no cayó nada bien a dos consejeros regionales. José Luis Hancco, presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA) calificó de una campaña mediática la emprendida para que se apruebe la adenda 13 de Majes II. “Sugiero que el tema de inmediato tiene que tratarse (adenda 13). Considero con sinceridad que hay una especie de acoso. Tenemos millones invertidos, sin embargo nos quieren hacer una demanda por 200 millones (de dólares) y las hidroeléctricas por 300 millones. ¿Por qué harían una demanda las hidroeléctricas? ¿Tenemos una relación con ellos, nosotros hemos dado la concesión? No”, indicó.
Para el presidente de la Comisión de Agricultura, Elmer Pinto, no tiene ningún fundamento la advertencia. “Aducen de 300 millones de dólares. No han invertido ni un sol y quieren demandar. Es injustificado”.