La Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo derivó a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios de Lambayeque una denuncia formulada contra un grupo de contratistas que obtuvo licitaciones en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) en el año 2020. Este despacho propone que sean investigados por los presuntos delitos de falsificación de documentos, banda criminal y lavado de activos.
Se trata de Ángela Collantes Pinedo, Elmer López Cruz, Juan Farías Vera, José Villa Moscayza, Johnatan Rodríguez Cruz, Edgar Cuipal Mendoza y Elis Pérez Mendoza. Ellos participaron en los consorcios Túpac Amaru y Lagunas.
Mediante la disposición n.°4, de fecha 10 de diciembre de 2021, el fiscal Javier Quiroz Grosso puso en conocimiento la denuncia donde se detalla que los consorcios representados por Ángela Collantes Pinedo ganaron las licitaciones de obra mejoramiento del servicio educativo en 07 I. E. del nivel inicial de la Región Lambayeque y la obra mejoramiento de la I. E nivel inicial PNP Divino Niño del Milagro, 018, 031, 131 y 176 de los distritos de Chiclayo, Puerto Eten, Lagunas, Oyotún y Salas.
Empero, los referidos consorcios obtuvieron las adjudicaciones presentando documentación fraudulenta y lograron un beneficio económico por montos de hasta S/ 1 245 906,6 soles, S/1 559 627,88 soles y S/ 1 039 751,92, respectivamente. Los hechos ocurrieron en octubre de 2020 durante la gestión del exgobernador regional Anselmo Lozano.
Sobre el particular, según la disposición a la que accedió La República, el gobierno regional otorgó un adelanto directo al consorcio ganador por S/ 1 559 627 sin previa confirmación de la carta fianza, la cual resultó siendo falsa. Pese a que se declaró la nulidad del contrato, los hechos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 859 627 debido a que el contratista solo devolvió S/ 700 mil, mientras que el saldo no pudo ser recuperado al no tener amparo legal.
Este último hecho irregular se verificó en la obra de mejoramiento los cinco colegios ubicados en Salas, Oyotún, Lagunas, Puerto Eten y Chiclayo. Una situación similar se produjo también en la obra que se ejecutaría en siete centros educativos de la región. De esta manera, el GRL tuvo que resolver los contratos que se iban a efectuar en 12 instituciones educativas de Lambayeque.
En la investigación fiscal se precisa que la representante de los consorcio presentó las cartas fianzas n°. 2020-137, n°. 2020-00139 y n°. 2020-00157, las cuales fueron entregadas por Johnatan Rodríguez, JoséVilla y Edgar Cuipal. No obstante, Ángela Collantes advirtió que desconocía que dichos documentos eran falsos.
Las transferencias de los montos fueron abonados a la cuenta corriente del contratista ACP Obras y Proyectos EIRL, de propiedad de Ángela Collantes.
Por estos hechos, el fiscal Quiroz Grosso decidió inhibirse del proceso y remitir los actuados (denuncia y diligencias preliminares) a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.