El fiscal adjunto al provincial, Carlos Alberto Arias Lovon, informó que la semana pasada personas utilizaron un dron para dejar un paquete de cigarros en el penal de Socabaya, en Arequipa. A raíz del hecho, refirió que aquellos ciudadanos que ingresen objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios podrían afrontar hasta 20 años de cárcel.
Otro caso suscitado es el intento de ingreso de chips de celulares escondidos en plátanos y mandarinas. Ambos acontecimientos se encuentran en investigación.
La información fue brindada por el fiscal Arias en una charla sobre el tema dirigida a los familiares de los internos del penal de Socabaya y organizada por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
El fiscal precisó que el ingreso de equipos o sistemas comunicación, fotografía o grabación puede ser sancionado desde los cuatro a seis años de cárcel. Sin embargo, si el delito lo comete un agente penitenciario, abogado defensor o servidor público, la pena no es menor de seis ni mayor de ochos de prisión y sería inhabilitado del cargo.
También, por materiales o herramientas para construir antenas, receptores u otros equipos de comunicación que faciliten el contacto vía celular, fijos, radial, internet y de más; la pena se encuentra entre los dos y cuatro años. Si es menor de edad, autoridad o abogado, entre tres y seis de pena privativa de la libertad.
En el supuesto que sea un arma blanca o de fuego, municiones, materiales explosivos, inflamables, tóxicos, asfixiantes para uso del interno, la sanción va desde los ocho hasta los quince años y de diez a veinte si hay agravantes.
Desde el último de 4 diciembre, se reanudaron las visitas presenciales a los establecimientos penitenciarios del país, luego que fueron suspendidas el 18 de marzo del 2020, como una acción preventiva para proteger la salud de los albergados/as y servidores debido a la COVID-19.