Los dirigentes de los poblados mineros de Cusco, Apurímac y Cajamarca, presentaron sus demandas al gobierno de Pedro Castillo desde la ciudad imperial. Denuncian abandono frente a los impactos ambientales y piden no dar luz verde a nuevos proyectos.
Juana Martínez, del distrito de Choropampa (Cajamarca), denunció que a más de 21 años del derrame de mercurio de la mina Yanacocha, siguen olvidados. “Nos dejaron debilitados, con 4 con 6 de hemoglobina. Hemos perdido la fuerza en los huesos. Estamos inutilizados, así nos dejó la minería, postrados, a más de tres mil personas. Tengo 111 microgramos de Mercurio en mi cuerpo, mis hijos también”, narró con amargura.
Fue en junio del 2000 cuando un camión contratado por la minera perdió 151 kilos de Mercurio, metal venenoso que se extendió por toda la comunidad. Impactó directa o indirectamente a todos los habitantes. Juana dijo que siguen esperando las reparaciones y un seguro de por vida. Según la dirigente, el seguro que les dieron “es una burla”, pues apenas les dotan algunos medicamentos.
Yanacocha es la mina de oro más grande de Sudamérica.
En el distrito de Chamaca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, también hay descontento. Wilber Achahui, presidente del Frente de Defensa, sostuvo que la actividad minera de diferentes proyectos no mejoró la calidad de vida de la población. “Todo lo contrario. Tenemos un río muerto el Macaray, ya no hay vida en este río es de color verdoso, debido a la contaminación. A 100 metros está la poza relavera de la minera Hudbay.
Según Achahui, la posta de salud de Chamaca está a punto de caerse. Defensa Civil ya habría reportado el peligro. “Nuestras autoridades tampoco ayudan. No es posible que en una localidad minera no tengamos una buena posta”, dijo.
Cabe precisar que la minera aporta alrededor de tres y medio millones anuales al distrito mediante un Convenio Marco. Sin embargo, los comuneros solicitaron la presencia del gobierno para reformular el trato. También piden que realicen estudios de impacto ambiental.
Hay que recordar que Hudbay tiene influencia con otros distritos como Velille y Livitaca con las que mantiene diálogo fluido.
Era setiembre del 2015 cuando estalló un conflicto socio ambiental en la provincia de Cotabambas (Apurímac) en contra del proyecto Las Bambas. Tras un enfrentamiento entre comuneros y policías, se detuvo a varios pobladores, entre ellos, Edward Brandon Quispe Ccuno.
Seis años después los procesos legales continúan. “Aunque el Poder Judicial los absolvió, la Procuraduría apeló. Eso es criminalizar la protesta, por eso hemos incluido este punto a la agenda que queremos entregar al presidente (Castillo)”, subrayó Lizeth Sánchez, representante de los defensores de Apurímac.
Los representantes de estas regiones concluyen en la defensa de la vida. Piden que el gobierno de Pedro Castillo no apruebe más explotaciones mineras. Las quejas por metales pesados son recurrentes en otras provincias como Espinar (Cusco).
En este caso, los representantes de las comunidades originarias exigen una nueva Consulta Previa para la extensión de la minera Antapaccay, pero no confían en el premier Guido Bellido. Por esa razón ya solicitaron su cambio al presidente Castillo, a través de un pronunciamiento público y una carta dirigida al mandatario.