Tras el periodo de violencia causado por el terrorismo, nueve mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de militares del Ejército Peruano (EP) entre 1984 y 1995, quienes habían situado una de sus bases militares en Manta, un distrito de Huancavelica. Cuando sucedieron los hechos, varias de las denunciantes eran menores de edad.
El primer juicio oral se llevó a cabo en el 2016 y se acusó a 13 exmilitares en ese momento por el delito de violación sexual como crimen de lesa humanidad. Este primer proceso se quebró en el 2018 por un manejo inadecuado, pues los jueces a cargo vulneraron el derecho a la imparcialidad y revictimizaron a las mujeres por estereotipos de género.
Posteriormente, la Corte Suprema (CS) concedió una recusación interpuesta por las víctimas y se inició un segundo juicio oral en el 2019. En este proceso se tuvo que incorporar el enfoque de género y respetar el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación.
“Es indispensable que la Sala Penal Nacional respete las condiciones mínimas establecidas a nivel nacional e internacional de no revictimización, tal como lo señaló la Corte Suprema para que este juicio respete los derechos humanos de las mujeres”, señaló Rossy Salazar, defensa legal de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
A la fecha, ambas partes procesales presentaron diversas pruebas, se culminó con los interrogatorios de los exmilitares y se empezó a recoger los testimonios de las afectadas. Sin embargo, la dilatación en el tiempo tiene agotadas a las denunciantes. “Ya estamos viejas y enfermas, queremos que termine”, sostuvo una de las víctimas.