El pasado miércoles se conoció que el Tercer Juzgado Civil de Puno dictó una medida cautelar a favor del Gobierno Regional de Puno y ordenó paralizar la ejecución del proyecto hídrico Vilavilani. Estas obras pertenecen al Proyecto Especial Tacna (PET) y se efectuaban en territorio tacneño (Tarata). Servía para paliar las necesidades de agua de la ciudad de Tacna.
El decano del Colegio de Ingenieros de la Ciudad Heroica, Francisco Ramos Flores, manifestó la preocupación por este fallo. En una entrevista radial, destacó que Vilavilani es la oportunidad más cercana de dar solución a la falta de agua potable en la ciudad de Tacna. El proyecto cuenta con expediente y presupuesto aprobado y lograr ello le tomó varios años.
Según el PET, Vilavilani consistirá en el trasvase de parte del caudal del río Ancoaque (Tarata) hacia la ciudad. Se tomarán las aguas que son trasvasadas para el afianzamiento de la laguna Aricota (provincia Jorge Basadre, Tacna). En todo caso, quienes deberían reclamar son los agricultores de Jorge Basadre.
El PET niega perjuicios para las comunidades de Tarata sin embargo la población no confía en esa versión. Además, la falta de servicios y cierre de brechas en esa provincia ha desatado la indignación de los tarateños que cuestionan que se recurra al ande solo para llevarse agua y no para construir represas que los beneficien a los agricultores.
El decano Ramos refirió que la falta de diálogo con las comunidades y el silencio de las autoridades frente a los reclamos de Puno, han jugado en contra de Tacna. Aclaró que para su orden, Puno no tiene injerencia en Vilavilani, ya que no se ejecuta en su territorio ni afectaría sus fuentes de agua. Cuestionó que mientras Puno protesta, en Tacna la población y las autoridades estén calladas. Pidió a la Región tomar acciones judiciales inmediatas.