Arequipa: La adenda 13 e imprevistos de Majes II hace diez años

Juan Carlos Soto

La ejecución de Majes II está entrampada desde 2017 por la firma de la adenda 13 que obliga a cambiar el sistema de riego en la pampa de Siguas. Para Cobra, la empresa constructora y socio inversor del proyecto, esta modificación optimizará el uso del agua. Desde la firma del contrato, diciembre 2010, la disponibilidad del recurso hídrico cambió.

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En esta nota plasmaremos el punto de vista de Cobra, quien a través de su representante Joaquín Roura, realizó una justificación, en un webinar de Moinca, de estos cambios que costarán $ 104 millones. Eso eleva el costo del proyecto, de $ 550 millones a $ 654 millones. El asunto desata pasiones entre los arequipeños. Algunos se oponen a la firma y cuestionan, además, otras doce adendas en el contrato de concesión “teñidas de actos de corrupción”, dicen.

Cusco y el agua

La firma del contrato parece haber sido un acto temerario visto en perspectiva. Fue empujado en ese entonces por el ministro de Agricultura aprista Adolfo de Córdova y el gobernador de Arequipa Juan Manuel Guillén. Lo suscribieron , no obstante a un juicio iniciado por el gobierno regional de Cusco y la provincia de Espinar en contra del proyecto. Las pampas áridas debían irrigarse-luego del represamiento en Angostura- con el río Apurímac, caudal que comparte Espinar. Para los cusqueños, Majes los iba a dejar sin agua y paralizaron el proyecto gracias a un proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC). El máximo órgano jurisdiccional determinó que había agua para las dos regiones. Joaquín Roura sostiene que las 12 adendas se debieron a la suspensión de obligaciones del contrato: GRA y concesionaria no se exigirían nada mientras el juicio con Cusco no se resuelva. Cuando concluyó, después de tres años, el proyecto ya tenía otro precio, 550 millones. Roura sostiene que esta actualización de costos se efectuó con el aval del Ministerio de Economía.

El fallo del TC impactó en el contrato. Roura precisa que a la firma de este, ellos podían dejar un caudal ecológico de 0,5 metros cúbicos (m3), sin embargo el TC dispuso 2,5 m3, es decir podían captar menos agua. Para Cobra son 50 millones m3 menos. A eso se añade, no había estimados por pérdidas en canales. Se determinó que ascendían a 5%. En total, dice Roura, entre Cusco y pérdidas, no se iba a contar con 80 millones m3. Para Cobra esa es una de las razones para cambiar el módulo de riego tecnológico ( este punto se desarrolla en la nota de la página 15). Permitirá compensar las pérdidas.

Hay más factores. Variación de coeficiente sísmico de 0,20 a 0,45 que obliga a desarrollar infraestructura mucho más resistente pero que demanda más inversión, el hallazgo de restos arqueológicos en Siguas que obligan a adecuar 4000 hectáreas en Santa Rita para trasladar estos vestigios. Un contrato complejo cuyo destrabe está cargado de complejidades.

El cierre financiero

El reclamo a Cobra es no haber puesto un sol en el proyecto. Roura lo desmiente, dicen haber invertido 80 millones de dólares en obras que le correspondían al Estado. Según él, el cierre financiero se hará con la adenda 13 que dará el costo final del proyecto y la adquisición de los terrenos para construir la represa. Esas propiedades debía comprararlas el GRA y no lo hizo. “¿Un banco les prestaría plata para construir una casa sin terreno?”, pregúntó.

Rechazó las aseveraciones de insolvencia económica. Dicen que llevan invertidos en Perú 800 millones en los últimos 5 años. Cobra es subsidiaria de AES.

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