Ante los cuestionamientos con relación a supuestos cobros excesivos que aplicaron durante el tratamiento de decenas de pacientes, desde ahora las clínicas privadas deberán informar a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) sobre los precios que cobran por los dispositivos médicos y servicios relacionados a la prevención, diagnóstico y atención del Covid-19.
Así lo determina la Resolución de Superintendencia N° 043-2020-SUSALUD/S, publicada ayer en El Peruano, la cual indica que los centros de salud privados deberán remitir la información solicitada dentro de los 5 días útiles contados a partir de la entrada en vigencia de la norma. Posteriormente, se tendrá que entregar cada mes o cuando se realicen modificaciones a los precios de venta.
La resolución aplica para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) privadas de las categorías III, II y aquellas que incluye Susalud.
Según la Superintendencia, el no entregar la información solicitada completa o no hacerlo en los plazos determinados, constituyen infracciones que pueden llegar a ser sancionadas hasta con 100 UIT (S/ 430.000).
Al respecto, el Grupo San Pablo, que incluye a las clínicas San Pablo (y sus sedes de provincia), Jesús del Norte, San Gabriel, San Juan Bautista y San Martha del Sur, señaló a La República que acatará lo indicado en la resolución de Susalud.
Hasta el cierre de esta nota, la Asociación de Clínicas Privadas del Perú (ACP) no había emitido un pronunciamiento.
La Contraloría reveló que 18 clínicas cobraron por pruebas moleculares que el INS procesaba gratuitamente. Sobre el tema, el ministro de Transportes, Carlos Lozada, afirmó que las clínicas “van a tener que dar la cara” con la norma.
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