INPE informa que 221 internos y 17 de sus trabajadores han fallecido por COVID-19

El presidente encargado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rafael Castillo, informó que a la fecha 221 internos y 17 trabajadores carcelarios han fallecido a causa del nuevo coronavirus.

Castillo lamentó las muertes y dijo que para mitigar el impacto de la pandemia dentro de los penales han aplicado una estrategia coparticipativa entre trabajadores y reos.

Explicó que han capacitado a los internos para que puedan identificar si entre sus compañeros de celda hay quienes presentan síntomas de la COVID-19 y llevarlos de inmediato a los lugares de aislamiento.

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El objetivo es detectar de manera temprana la sintomatología para que los pacientes no agraven su salud y no se requiera hospitalizarlos. En este punto, Castillo precisó que se está teniendo más cuidado con las personas vulnerables, como los adultos mayores o los que padecen enfermedades de riesgo.

Para ello, en cada penal se han adecuado espacios de aislamiento, en salones donde antes se dictaban clases o talleres productivos, con camas para pacientes que tengan síntomas leves y moderados. El funcionario informó que por el momento 900 reos infectados permanecen en estas áreas.

En el caso del penal de Lurigancho, que tiene la mayor población carcelaria en el país, 9.400 internos en total, existe un espacio de aislamiento con 115 camas hospitalarias y equipos para realizar placas de rayos X, electrocardiogramas y otros exámenes. Allí trabajan más de 60 profesionales de la salud de diversas especialidades.

A diferencia de los reclusos con COVID-19, los 700 trabajadores del INPE contagiados cumplen la cuarentena en sus casas.

Castillo aseguró que desde que comenzó la pandemia, el INPE ha tomado algunas medidas de contención del virus, tales como entregar kits de limpieza, mascarillas reutilizables a sus trabajadores y presidiarios. Asimismo, han realizado constante desinfección de las cárceles para reducir la carga viral.

Por otro lado, el presidente encargado comentó que a partir del estado de emergencia se han excarcelado a 4.700 personas, de las cuales 1.442 se vieron beneficiados con los mecanismos establecidos por el Ministerio de Justicia, 961 cancelaron sus deudas por omisión familiar, 332 recibieron las gracias presidenciales y 149 accedieron a la defensa pública.

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