Hay más de 70 internos declarados inimputables viviendo en los penales del país

Si de por sí las condiciones en las cárceles del país no son la óptimas, es mucho peor por lo que tienen que pasar las personas que son inimputables, es decir, aquellos que son absueltos de los delitos que cometieron porque se demostró que sufren de algún tipo de enfermedad mental, y que deben seguir recluidos porque en no existe el personal ni los hospitales especializados para que puedan continuar su internamiento.

En la actualidad existen alrededor de 70 personas en esta situación, no obstante, esta cifra podría ser mayor, pues el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no tiene un registro actualizado, tal como reconoce su director, César Cárdenas. La mayoría de diagnósticos son por bipolaridad, depresión y ansiedad.

Se sabe que el sistema de salud en las cárceles cuenta con 207 psicólogos y dos psiquiatras, y el que el penal de Lurigancho es el único del país que cuenta con un centro psiquiátrico en sus instalaciones.

Pero no es el único problema. En muchos casos las medidas de seguridad otorgadas por los jueces son indefinidas, lo que significa que deberán permanecer para siempre allí, lo cual no deja espacio para nuevos ingresos de inimputables.

La Defensoría del Pueblo tiene un registro de setiembre de 2018 en el que se detalla que 89 personas declaradas inimputables no viven en penales, pero permanecen en hospitales psiquiátricos u otros nosocomios de atención general de manera permanente.

“Puede ser perjudicial que alguien se quede a vivir en una cama de un hospital. También se necesita el apoyo de la familia para que puedan continuar un tratamiento ambulatorio. (…) No existe evidencia científica de que el encierro los va a curar”, asegura Yuri Cutipé, director ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud.

La Defensoría considera que los jueces deben revisar los informes remitidos por los médicos de los establecimientos de salud para no dictar medidas de seguridad de internamiento indefinidas. Esta institución también detectó que 11 de 18 hospitales que reciben presupuesto para trastornos mentales judicializados no atienden a ninguna persona con medida de internamiento.

Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, indica que la permanencia de un inimputable en un penal “va contra todo un sistema de protección de derechos”, pues las áreas de salud de los penales no cuentan con las medidas necesarias para la atención.

En el 2015, la Comisión de Salud del Congreso aprobó un predictamen de Ley de Salud Mental, el cual propone que el director de un penal informe al juzgado competente la necesidad de modificar la medida de internamiento por una medida ambulatoria cuando el paciente sea dado de alta.

Asimismo, hace casi 10 años el Tribunal Constitucional (TC) constató la violación generalizada de derechos que afectan a las personas con trastornos mentales en el país, entre ellos los inimputables.

En ambos casos no habido ningún avance. A eso hay que sumarle el Estado destina el 0,1% de su presupuesto a la salud mental.