La cifra es espeluznante. Según la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, el Ministerio Público (MP) tiene 274.459 mil casos en trámite de delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
Mañana se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y en Perú la población siente que la lucha contra este flagelo es una batalla que se libra de forma lenta.
Igidia Navarro Carrasco, de 25 años, ha sido una de las última víctimas de feminicidio este año. Ocurrió en su vivienda de Apurímac. El agresor Miguel Alarcón Coronado, su expareja, la estranguló.
El feminicidio es el último eslabón en la cadena de violencia que sufren las mujeres. Le anteceden los insultos, los golpes, las violaciones sexuales, entre otras agresiones. Las víctimas están denunciando cada vez más (de allí el reporte del MP), pero el sistema de justicia no se está dando abasto.
Solo en el distrito fiscal de Arequipa hay más de 35 mil casos pendientes, en Lima norte más de 36 mil y en Lima este más de 26 mil.
En 2018 se registraron 149 feminicidios, el año con más asesinatos de mujeres, pero esta cifra se halla cerca de ser historia pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acaba de indicar que al 21 de noviembre de este año son 148 los feminicidios registrados.
Y con 148 feminicidios, ¿cuántos asesinos han sido condenados este año? La respuesta alarma aún más: solo dos, Calixto Charaña, a 30 años de cárcel; y Sandro Villegas, a 22 años.
“La demanda es difícil de atender. Contamos con 42 fiscalías corporativas para tratar los casos, y ahí laboran 300 fiscales. El rango ideal de trabajo para cada fiscal sería de 700 casos anuales, sin embargo, en una sola fiscalía hemos llegado a tener más de 7 mil”, señala Cecilia Gonzales Fuentes, fiscal superior integrante de la Comisión de Trabajo para el Abordaje de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.
La fiscal agrega que desde el MP se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 558 millones de soles de presupuesto para el 2020 a fin de implementar el Sistema Nacional para la Protección contra la Violencia a la Mujer en Lima Centro, Tacna, la selva central, Apurímac, Cajamarca, Ayacucho, entre otras sedes; pero solo recibirían 160 millones.
“El MP con sus propios recursos ha implementado nuevos despachos especializados valiéndose de despachos fiscales que estaban destinados a la atención de casos en materia penal, para que atiendan los de violencia. Esta medida nos ha permitido tener el sinceramiento de la carga procesal, pero está claro que sin recursos es difícil avanzar”, señala Gonzales.
Desde el 2009, el MP tiene contabilizados 1.277 asesinatos contra mujeres, sin embargo, las sentencias contra feminicidas suman apenas 208 (contabilizadas desde el 2015).
Claro, existen casos ejemplares de sentencias como la de Jean Piero Castro Gouveia, de nacionalidad venezolana, sentenciado a cadena perpetua en octubre de este año. Mató a su expareja frente a sus dos hijos, quienes presenciaron también su intento de suicidio. Es el primer caso de cadena perpetua por feminicidio.
Según la Defensoría del Pueblo, de los 148 feminicidios registrados este año, hay 146 casos donde el homicida se halla en condición de procesado, fugado o con la causa extinta porque se suicidaron.
“El feminicidio recién se criminaliza desde el 2011, (antes) era un delito nominal desde el punto de vista del Derecho Penal. Posteriormente se le da autonomía y se le van agregando circunstancias agravantes a partir del 2013. Lamentablemente estos procesos demoran. Casos que se registraron en 2014 o 2015 pueden estar aún en trámite porque los feminicidas interponen recursos o porque se encuentran prófugos”, explica Elvia Barrios, jueza suprema y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial (PJ).
Tanto en el PJ como en el Ministerio Público, hoy los casos de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar se están tratando con un enfoque de género, señalan las magistradas Gonzales y Barrios, pero admiten que aún hay mucho por hacer.
“Los juzgados están demandando que las pericias que se hacen a nivel de los Centros de Emergencia Mujer del Mimp tengan rigor forense, porque por esta razón a veces los casos no llegan a prosperar. Urge fortalecer la capacitación”, advierte la fiscal Gonzales.
El Ministerio Público tiene identificadas a 640 mujeres que por el número de denuncias de agresión presentadas corren un riesgo alto de ser víctimas de feminicidio.
“La estrategia 360° nos ha permitido identificarlas y se les está brindando protección con atención priorizada por parte de las fiscalías a cargo, así como de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos con apoyo psicosocial y acompañamiento”, señala la fiscal Cecilia Gonzales. La eficacia de esta medida se ha debatido en el Primer Congreso de Fiscales Especializados en Violencia contra la Mujer.