
Piura. Dos familias se encuentran luchando contra las autoridades del Ministerio Público, ya que los fiscales pretenden privar de la libertad a dos agentes policiales que abatieron a dos presuntos delincuentes, tras arriesgar sus vidas en diferentes operativos policiales.
Uno de los agentes a los que la Fiscalía intenta arrebatar la libertad por 20 años, es el suboficial de tercera PNP Elvis Miranda Rojas, quien afronta un proceso penal por abatir a un sujeto con antecedentes policiales en enero de este año, lo cual la cuestionada fiscal Lilia Castillo Chirinos ha catalogado como abuso de autoridad y homicidio simple.
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Además de los 20 años de prisión que podría afrontar Elvis Miranda, Castillo Chirinos también exige el pago de 80 mil soles de reparación civil para los familiares del fallecido Juan Carlos Ramírez Chocán, quien fue acusado de escapar luego de asaltar a un joven junto a dos de sus cómplices. Sin embargo, sobre los presuntos cómplices de Ramírez Chocán, la fiscal no habría actuado de la misma manera, ya que el día del enfrentamiento dejó libre a Renzo Escobar Cano, pese a ser sindicado como uno de los autores del robo. Posteriormente logró su comparecencia restringida por un periodo de dos años.
Esta situación es considerada por la familia Miranda Rojas como una exageración por parte de la Fiscalía.
Si bien Elvis evitó pronunciarse por órdenes de su comando superior, su mamá Lucy expresó con profundo llanto que se trata de una injusticia y ensañamiento de parte del Ministerio Público, ya que su hijo solo cumplió con su deber de policía.
“No entiendo por qué quieren quitarme a mi hijo. Él solo cumplió con su deber de Policía porque para eso se preparó. La ciudadanía quiere menos delincuencia y eso es lo que hizo mi hijo, entonces no entiendo por qué lo quieren encarcelar”, dijo muy conmocionada Lucy Rojas.
Por otro lado, el fiscal Manuel Puquioma Gómez ha solicitado 10 años de pena privativa de la libertad contra el suboficial Marcelino Yarlequé Saldaña, quien se encuentra preso tras ser acusado de asesinar a un presunto delincuente que, junto a una turba, disparó para evadir un control policial.
Según el abogado Salvatore Hurtado Magliulo, a través del dictamen pericial de balística forense se comprobó que el fallecido César Eduardo Hurtado Chorres murió producto de un proyectil que no pertenece al arma que utilizó su patrocinado. El documento también refiere que el proyectil encontrado en el cuerpo del fallecido no pertenece a las armas que utilizan los agentes policiales.
Es decir, según el letrado, durante el tumulto que se originó en Castilla, Hurtado Chorres murió por una bala que disparó por confusión uno de sus compañeros.
“Lo que están haciendo con mi patrocinado sí es un abuso porque se encuentra preso sin haber un solo elemento que lo señale como el autor del disparo que le causó la muerte a Hurtado Chorres”, cuestionó.
Otro de los medios probatorios en los que se basa Hurtado Magliulo para demostrar la inocencia del suboficial, es que de acuerdo con la pericia n.° 4433-2018 la trayectoria de la bala que entró en el cuerpo de Hurtado Chorres fue de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, “con esto se demuestra que mi patrocinado no disparó porque él se encontraba frente al fallecido, entonces, ¿la Fiscalía pretende demostrar que el agente disparó frente a frente y la bala le impactó por la espalda?”.





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