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Política

Amigos del presidente definieron obras públicas por S/ 500 millones

Declaración de alto funcionario del Ministerio de Vivienda como testigo protegido de la Fiscalía de la Nación corrobora que Los Chiclayanos, como se conoce a Salatiel Marrufo, Nenil Medina, Abel Cabrera y Alejandro Sánchez, decidían sobre millonarias obras públicas.

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(De izquierda a derecha) Segundo Sánchez Sánchez, Nenil Medina Guerrero y Salatiel Marrufo Alcántara. Foto: composición La República/difusión

Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Construcción sostuvieron una reunión clandestina el 19 de agosto de 2021 en una vivienda del distrito de Surquillo con tres amigos íntimos del presidente Pedro Castillo para definir el financiamiento de obras públicas por 500 millones de soles, de acuerdo con un testigo protegido que participó en el encuentro.

Los funcionarios fueron conducidos hasta el domicilio por el entonces jefe del gabinete de asesores del despacho de Vivienda, Salatiel Marrufo Alcántara, por indicaciones del titular del sector de ese momento, Geiner Alvarado López. Marrufo y Alvarado fueron compañeros en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, de Chiclayo.

Según la declaración del testigo protegido de la Fiscalía, el encuentro se produjo a instancias del presidente Pedro Castillo, lo que explica por qué tres amigos personales del jefe de Estado esperaban en el departamento de Surquillo a los funcionarios de Vivienda.

Se encontraban en el lugar el alcalde de Anguía, el hoy detenido Nenil Medina Guerrero; el empresario y dueño de la vivienda de la calle Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez; y el hombre de negocios Abel Cabrera Fernández. En el Ministerio de Vivienda eran conocidos como Los Chiclayanos y estaban encabezados por Salatiel Marrufo, el entonces jefe de asesores del ministro Geiner Alvarado.

Marrufo incluso dio la dirección exacta del departamento en Surquillo donde los estaban esperando personas que, según el testigo protegido, eran otros funcionarios públicos.

Asistieron la viceministra Elizabeth Añaños Vega y la jefa de Presupuesto de la citada entidad pública, Jacqueline Castañeda del Castillo.

Alejandro Sánchez Sánchez dejó en claro al testigo protegido de la Fiscalía de la Nación que los que estaban reunidos eran personas muy cercanas al jefe de Estado, Pedro Castillo: “Somos amigos y paisanos del presidente de la República, que estamos aquí en Lima para apoyarlo”.

Sánchez también se refirió a las obras públicas y dio a entender que los que estaban presentes conocían del rubro de la construcción.

De acuerdo con el testigo protegido, el propósito de la reunión clandestina era definir las obras públicas en las que estaban interesados.

Debido a que se trataba de una reunión fuera de un establecimiento público, y porque los amigos del presidente no eran funcionarios gubernamentales, y se abordaron temas sobre la transferencia de fondos para obras públicas, el testigo protegido decidió informar a la Fiscalía de la Nación de esos hechos porque están relacionados con las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción gubernamental.

Luego, el 3 de septiembre, el ministro Geiner Alvarado solicitó y consiguió una cita con el entonces ministro de Economía, Pedro Francke, para sustentar el financiamiento del programa de obras públicas. De este modo se obtuvo un presupuesto de 500 millones de soles para los requerimientos del sector Vivienda, señaló el testigo protegido.

La iniciativa de Geiner Alvarado estaba relacionada con el interés de Los Chiclayanos porque, el 9 de septiembre, el jefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, entregó a los funcionarios del Ministerio de Vivienda la relación de obras públicas prioritarias.

Con dichos fondos se financió el proyecto de 3 millones de soles en el distrito de Anguía que fue adjudicado a una constructora de los amigos de la familia presidencial Paredes Navarro, los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana.

La información entregada por el testigo protegido confirma la hipótesis de la Fiscalía de la Nación de que existió una concertación de voluntades para dirigir el financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento, y también de construcción de carreteras y caminos, a constructoras relacionadas con personas allegadas al jefe de Estado.