La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está dispuesta a presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción en organización criminal, de acuerdo con diversas fuentes del Ministerio Público.
Sin embargo, advierten las fuentes, al igual que en el Congreso no hay los 87 votos para la vacancia presidencial, a la Fiscalía le falta la prueba y/o testimonio que señale en forma directa la participación del presidente en un acto de corrupción.
Karelim López, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Hugo Espino Lucana y el exministro Mariano Gonzales no han señalado en forma directa al presidente. Ellos suponen o infieren que Castillo tiene conocimiento, sabe u ordena, a partir de las actividades de Yenifer Paredes, los sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, los cuñados David y Walter Paredes o incluso de la primera dama, Lilia Paredes.
Pero nadie lo ha visto o lo escuchó dar una orden. Karelim López y su abogado César Nakazaki señalaron que ese testigo directo sería Bruno Pacheco. Eso generó, ante la inminente entrega de Pacheco, que se preparara el borrador de una denuncia constitucional, alrededor del 25 agosto y, de paso, evitar su discurso a la Nación.
Pero, pese a contar con la asesoría de Nakazaki, luego de entregarse, Pacheco tampoco pudo aportar algo consistente y concreto. Al igual que los otros testigos, él también deduce que el presidente podría o debería saber.
Zamir Villaverde ofreció y presentó una serie de audios de conversaciones con Juan Silva, pero tampoco allí hay nada concreto. El exministro menciona al presidente, pero entonces el testimonio que dé al ser capturado será lo que tenga valor.
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Por eso capturar a Silva se ha convertido en algo clave para el avance de las indagaciones. Se teme que haya salido por la porosa frontera norte a Ecuador rumbo a Colombia o Venezuela.
La Fiscalía trabaja en tres frentes para obtener esa prueba de oro, dentro del marco de la ley. Presionar con la prisión preventiva, como en el caso de Yenifer Paredes y el alcalde José Medina, se considera permitido. Lo que ningún fiscal hará es fabricar una prueba. Eso, no.
Así, de un lado, está el trabajo que realiza el fiscal Marco Huamán en las siete investigaciones abiertas a Castillo, recogiendo testimonios y documentos oficiales sobre toma de decisiones, presupuesto y licitaciones.
Prisión. Yenifer Paredes sale libre si acusa al presidente. Foto: difusión
El lunes 5 de setiembre, el presidente Castillo debe acudir a declarar. Ese mismo día se evaluará en la Corte Penal Nacional la comparecencia con restricciones para Lilia Paredes. Al día siguiente, ella también deberá acudir a declarar a la Fiscalía.
Los otros frentes están a cargo del Equipo Especial de fiscales, que lidera Marita Barreto, y el grupo policial del coronel Harvey Colchado. Esto incluye actividades de seguimiento, videovigilancia e interceptación telefónica en tiempo real.
El fiscal Raúl Martínez tiene como objetivo a los empresarios con contratos en Provías y el MTC. El fiscal Hans Aguirre investiga a los familiares y entorno de asesores y colaboradores del presidente. La prisión preventiva ronda sobre todos ellos. Uno, confían los fiscales, terminará por contar todo.
“En Trujillo, se acercó un asesor del presidente de nombre David y me increpa. Me dice que cómo era posible que hayan ingresado a la residencia de la presidencia sin que ellos lo sepan. Cómo han dejado ingresar a ese coronel Colchado y rebuscar todas sus cosas”, recuerda el ex comandante general de la PNP Luis Vera Llerena.
Ese hecho ocurrió el 22 de agosto, al concluir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) que se realizó en esa ciudad. Vera recuerda que le contestó que ese era un operativo reservado, en el que él no podía intervenir.
Una semana después de ese suceso, Vera Llerena fue relevado de la comandancia de la PNP.