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Política

Gobierno de Dina Boluarte oficializa cese definitivo de todos los prefectos regionales

Los 24 prefectos regionales cesados este jueves fueron nombrados durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

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Al finalizar la reunión con Pedro Castillo los prefectos brindaron una conferencia de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, oficializó la salida de todos los prefectos regionales que, según consideran desde el Ejecutivo, habrían contribuido en la agudización de las protestas en el interior del país.

Así lo dispone la resolución suprema 286-2022-IN, con la que se acepta la renuncia de nueve prefectos regionales (Ancash, La Libertad, Apurímac, Ucayali, Tacna, Arequipa, Lima, Junín y Huánuco) y se da por concluida la designación de los 15 restantes (Madre de Dios, Cusco, Callao, San Martín, Huancavelica, Pasco, Loreto, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, Puno, Ayacucho, Amazonas, Lima Provincias e Ica).

Prefectos regionales cesados

Los 24 prefectos regionales cesados este jueves 15 fueron designados durante el gobierno del vacado y golpista expresidente Pedro Castillo, quien se enfrenta a un requerimiento fiscal de prisión preventiva por 18 meses por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Prefectos y su supuesta relación con las protestas

El último lunes, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno tomó la decisión de separar a todos los prefectos regionales tras detectarse que estarían involucrados en el azuzamiento de la población.

“Se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Efectivamente, hemos encontrado ahí un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y las representaciones locales en donde se mueven estos prefectos”, dijo Otárola a RPP.

“Vamos a hacer una evaluación, pero la decisión es reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no solamente son funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que solivianten el orden público”, agregó.